Se trata de la tercera condena que recibe la ex funcionaria en causas por corrupción, pero la orden de captura que libró el  Tribunal Oral Federal 6 al dictar la sentencia se mantendrá en suspenso hasta que el fallo quede firme luego de las apelaciones.

Los jueces Julio Panelo, María del Carmen Roqueta y José Martínez Sobrino prohibieron también la salida del país de María Julia y del ex coordinador general de la telefónica estatal, Gustavo Daneri, condenado a cuatro años de prisión.

El TOF6 postergó la unificación de condenas de la privatizadora de Entel hasta que los fallos queden firmes.

La ex dirigente liberal, que ahora tiene 71 años, fue declarada penalmente responsable del delito de "administración fraudulenta"
en contratos de fin de obra durante la privatización, ocurrida hace ya 25 años.

Otro de los acusados, el consultor Hernán Flaum, fue condenado a tres años de prisión en suspenso y a la realización de trabajos comunitarios en una entidad de bien público durante 12 meses, mientras que el TOF6 absolvió a Juan Carlos Pyekenhayn, contra quien la fiscalía no había presentado cargos.

Tras escuchar la pena impuesta por el tribunal, Alsogaray se retiró sin hacer comentarios de los tribunales federales de Comodoro Py en un auto que la esperaba en el subsuelo.

La de hoy se suma a otras dos condenas, la primera en el 2004 y a tres años de prisión por enriquecimiento ilícito a raíz de la cual la justicia remató su petit hotel de cuatro pisos en el barrio de Recoleta para restituir al Estado la suma de 3,2 millones de pesos.

La semana pasada sufrió otro revés judicial cuando la justicia ordenó que le incauten $341.507,81 correspondientes a intereses devengados por ese monto.

En abril del año pasado, Alsogaray fue condenada por segunda vez   a cuatro años de prisión por actos de corrupción en contratos que firmó como secretaria de Recursos Naturales con la Universidad Nacional de Loma de Zamora.

En cambio, el año pasado fue absuelta en un juicio por defraudación en el plan de manejo del fuego cuando fue secretaria de Medio Ambiente, por prescripción de la acción penal ya que el presunto ilícito fue cometido hace mas de dos décadas.

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