Las 72 horas decisivas que enfrenta Alberto Fernández

Las próximas 72 horas serán vitales. No es el parte médico de Donald Trump, sino la prueba ácida que deberá sortear la administración de Alberto Fernández para evaluar el efecto de las medidas paliativas adoptadas el jueves pasado.

Lo admiten en el Gobierno: el estado de la salud económica se juega en el intento de lograr en ese lapso que se estabilice, al menos, la fiebre de divisas, que sigue debilitándolo. En lo inmediato, todas las expectativas se centran en que se concrete la transfusión (de glóbulos verdes) prometida al Presidente por algunos exportadores agroindustriales.

Aunque dosificada y en pequeñas cuotas, una liquidación de exportaciones aportaría el oxígeno que el equipo económico albertista demanda casi con desesperación. No será fácil: las expectativas de una devaluación siguen sin despejarse aún dentro de la coalición oficialista.

El objetivo urgente de la Casa Rosada es dar alguna señal de tranquilidad y encontrar un respiro algo más duradero que permita alcanzar otra meta de mediano plazo: atravesar el próximo trimestre. Es lo que podría denominarse Plan 3x3: tres días (de alivio) para tres meses (de reorganización) por tres años de gobierno. Es el tiempo que aún le queda de mandato a Fernández. Una eternidad en épocas de escasez.

En el oficialismo admiten que la aceleración de la crisis, tras el fracaso del supercepo, fue para el Presidente "como un susto para despertar a un borracho", recordando la frase que en otro contexto había usado hace casi exactamente un año el amigo presidencial y actual embajador en Chile, Rafael Bielsa. En esa ocasión el político y poeta también había pronosticado que "los años 2020 y 2021 serán terriblemente duros para la Argentina", aunque no imaginaba que su jefe fuera a ser despertado tan pronto de esa manera.

Eso explica que Fernández se haya dedicado en la última semana a tratar de revertir las imágenes de inacción productiva, aislamiento y enojo que emanaban de Olivos, para lo cual retomó el diálogo con los más diversos actores económicos, además de volver a la Casa Rosada.

El objetivo fue buscar apoyo y, sobre todo, intentar la reconstrucción de la confianza, seriamente dañada tanto por decisiones contradictorias o desafortunadas como por la falta de un rumbo claro y los conflictos de diversa índole desatados por la coalición gobernante.

El Presidente avanzó algunos módicos casilleros en su relación con el mundo de los negocios, a pesar de algunas primeras reacciones críticas o, en el mejor de los casos, manifestaciones muy prudentes de los empresarios respecto de la efectividad de las medidas anunciadas. Todavía queda un largo sendero por recorrer, aunque el arranque es considerado módicamente auspicioso. Por ahora, se celebra el cambio de actitud que muestra el restablecimiento del diálogo.

Como contrapartida, el escepticismo de muchos actores económicos no se ha diluido. A las dudas sobre la eficacia financiera del tratamiento adoptado se suma el temor a los efectos neutralizantes o decididamente adversos que pueda agregar la política. Demasiadas variables para una situación de emergencia.

Sin respiro

Tres días después del anuncio de las medidas económico-financieras, la búsqueda del respiro deseado tuvo un primer tropiezo con la difusión del pedido de juicio político para el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, presentado por la diputada filocamporista Vanesa Siley. El referente político más cercano de la legisladora es el ministro del Interior, Wado de Pedro, de quien depende en buena medida la relación con el Poder Judicial. Hasta anoche el poderoso ministro no se había pronunciado.

El Gobierno optó por el silencio público, que en privado se explicó como desacuerdo respecto del proyecto para remover a Rosenkrantz. La oportunidad es ruidosa: justo el alto tribunal acababa de abocarse a resolver el planteo de tres jueces incómodos para Cristina Kirchner desplazados por el oficialismo.

La silenciosa reacción explica la incomodidad de Fernández con el planteo de Siley, así como reafirma la asimétrica relación de fuerzas que sigue imperando en la coalición gobernante. Frente a las urgencias de la vicepresidenta nunca parece haber problemas más importantes de que ocuparse. Es la gran preocupación que muchos tomadores de decisiones no han logrado despejar en los encuentros mantenidos con el Presidente. Para el equilibrista nunca hay descanso y sí muchos golpes.

Pese a la necesidad de alcanzar una urgente tregua en todos los terrenos, el pronóstico político no augura una baja de la conflictividad. La cuestión judicial seguirá siendo uno de los ejes principales de la tensión.

La Corte deberá expedirse en breve sobre el fondo de la cuestión planteada por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. La aceptación del tratamiento vía per saltum descolocó al Gobierno y lo tiene en vilo, al igual que a la oposición. Aunque la mayoría del tribunal explora diagonales, por ahora solo encuentra calles perpendiculares. No será fácil evitar que su fallo, cualquiera sea, se interprete como la victoria de unos y la derrota de otros. Lo que la política no puede resolver casi nunca logra subsanarlo la Justicia. Menos cuando está bajo sospecha.

A esto debe agregarse la continuidad de los debates sobre la reforma judicial, más allá de la ralentización que intenta, con éxito dispar, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Además, deben tratarse los pliegos de candidatos a juez enviados por el Poder Ejecutivo, que en buena mayoría tienen afinidad con el kirchnerismo.

La flamante elevación de la postulación del juez de la Corte tucumana Daniel Bejas para ocupar la vacante existente en la Cámara Nacional Electoral ya puso en pie de guerra a la oposición. El Presidente optó por Bejas antes que por la postulante que obtuvo el primer lugar en el concurso, Alejandra Lázzaro, quien cuenta con el apoyo del radicalismo y cuyo pliego oportunamente cajoneó Mauricio Macri. Un beneficio de la herencia recibida. Las cuestiones partidarias parecen seguir anteponiéndose a la paridad de género, a pesar de las declamaciones.

Bejas es reconocido como propio por el peronismo y tiene un vínculo muy cercano con el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, a quien benefició con un fallo en el que archivó una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Manzur fue uno de los primeros gobernadores que impulsaron el nonato albertismo. El proyecto político sigue esperando, pero no toda la inversión ha sido a pérdida.

En Diputados deberá tratarse, además, el recorte de los recursos a la ciudad de Buenos Aires, que el viernes fue aprobada por la mayoría peronista del Senado en otra sesión en la que se profundizó la ya agria disputa entre oficialismo y oposición.

Para la semana próxima se aguarda el tratamiento en la Cámara baja de otra iniciativa que despierta el rechazo de buena parte del empresariado y cuestiona la oposición: es el impuesto extraordinario a los grandes patrimonios, que tiene como coautor a Máximo Kirchner.

En ese contexto se iniciarán las conversaciones formales con la misión del Fondo Monetario Internacional tendientes a lograr un acuerdo de reestructuración de la deuda por casi US$50.000 millones para encaminar la situación económica.

Se descarta que la negociación durará varios meses, por lo que la necesidad de encontrar algún alivio inmediato adquiere mayor relevancia. La evolución de las conversaciones no sería igual si se profundizara la crisis.

Un buen comienzo del Plan 3x3 resulta así cada vez más imprescindible para el Gobierno. Visto desde el prisma positivo de un oficialista, si en los próximos tres días se empezara a tranquilizar el mercado cambiario, si eso facilitara un tránsito sin grandes sobresaltos socio-económicos en los próximos tres meses (especialmente en el icónico diciembre), si la pandemia empezara a ceder, si en enero o febrero se llegase a un acuerdo con el FMI y si, como consecuencia de todo eso, el rebote de la economía fuera el prometido por el equipo económico, el oficialismo podría mirar los tres años restantes de gobierno con algún optimismo. Los cálculos incluyen la etapa electoral de 2021. Paso a paso. Sobran condicionantes.

En la Casa Rosada nadie quiere hablar de qué pasaría si el escenario se presentara adverso. Las próximas 72 horas pueden ser decisivas.

Fuente: La Nación - Por: Claudio Jacquelin