Los movimientos de pueblos fumigados de la Argentina, asambleas y  portales de ecología lo vienen comentando desde hace semanas. Los medios de comunicación comienzan a hacerse eco por estos días, tímidamente. El hoy titular de Cancillería, Felipe Solá vuelve a destacarse como el armador de un juego que beneficia al agronegocio y sus multinacionales. El argumento, una vez más, es la promesa de bienestar para nuestro pueblo.

En medio de la pandemia por el covid-19 el Gobierno Argentino mediante su Canciller Felipe Solá acordó la baja de aranceles para para la importación de Monoisopropilamina y Dimetilamina. La razón de esta medida radicaría en que existe una gran demanda de productos de farmacia y de limpieza. De esta manera se busca relacionarlo con la lucha contra el coronavirus.

Este mensaje es como el doble fondo de la galera del mago, lo que esconde es que casi la totalidad de estos dos insumos son históricamente demandados por la agroindustria. ¿Por qué? Tanto la Monoisopropilamina como la Dimetilamina son utilizados en la producción de los agrotóxicos más utilizados en todo el mundo: Glifosato, Atrazina y 2,4-D.

No quiere decir que estos elementos no se utilicen para la industria farmacéutica como se menciona, sino que la cantidad que se dice importar no se condice con lo que demanda la industria farmacéutica. Estamos hablando de 32 millones de litros/kilos que se importarán para ampliar el stock interno de Monoisopropilamina y Dimetilamina, según lo que señala la resolución del Mercosur en la que se establece la resolución. 

La agricultura de la Argentina, requiere para el segundo semestre, temporada de presiembra y siembra, 250 millones de litros/kilos que serán aplicados sobre los cultivos extensivos transgénicos como también sobre frutas, hortalizas y verduras.

El anuncio de reducción de aranceles fue emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en su boletín oficial como la puesta en vigencia de acuerdos de complementación económica entre los países del Mercosur. Esa medida implica una rebaja del 2% sobre el valor de la mercancía puesta a borde de un transporte marítimo (FOB) de los ingresos a la Argentina de monoisopropilamina, por 26.282 toneladas y dimetilamina por un máximo de 6000 toneladas, hasta fines de año.

Esta medida tuvo su origen en la solicitud presentada por Argentina en Montevideo, en el marco de una reunión de Cancilleres llevada a cabo en marzo y de la que participó el Canciller argentino Felipe Solá.

¿Es la salud una prioridad?

El beneficio de la duda, como se suele decir, se hace presente ante estas situaciones. En tiempos en los cuales el propio Presidente Alberto Fernández, en sus declaraciones públicas, señala la prioridad que tiene la salud frente a la economía, el anuncio de la baja de aranceles para la producción de agrotóxicos resulta por lo menos contradictorio. Más aún, cuando el discurso que se busca imponer desde el Estado es el de sostener el aislamiento a pesar de las presiones de los sectores de poder económico local que pugnan por volver a producir a cualquier costo.

La “Asamblea de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires y colectivos hermanos”, sentó su postura sobre el tema en un comunicado de repudio, señalando que:

Nos resulta preocupante que en medio de la pandemia de Covid-19, que afecta la salud de todas las comunidades, el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, haya reducido los aranceles para potenciar la importación de insumos para la fabricación de agrotóxicos en el país.Esta resulta, además, una maniobra que implica un beneficio para las multinacionales que operan en el negocio de la agroindustria extractivista, con el fin de asegurar sus ingresos en el suministro de venenos para la próxima temporada de siembre de cultivos transgénicos.

Felipe Solá, un funcionario modelo ‘90

Para asambleístas de pueblos fumigados y activistas contra los agrotóxicos no es de extrañar el rol que cumple Solá dentro del actual gobierno. Más bien lo que extraña y preocupa es esa especie de doble vara con la que define la salud. La soja transgénica ingresó a la Argentina gracias a la gestión incansable de Felipe Solá, en el año 1996. Como Secretario de Agricultura del Gobierno de Carlos Menem, basándose en estudios realizados por el propio Monsanto, autorizó la utilización de la primera soja RR resistente al glifosato y producida por la multinacional que hoy es propiedad de Bayer. Algo así como pedirle al zorro que te cuide las gallinas.