Fracasó el intento de derogar la Ley de Alquileres, ¿qué significa para propietarios e inquilinos?

El intento de derogación de la Ley de Alquileres en el Congreso resultó en un fracaso, ya que no alcanzó los votos necesarios. La moción presentada por el diputado nacional del PRO, Hernán Lombardi, obtuvo 102 votos a favor, 113 en contra y 9 abstenciones, lejos de los tres cuartos de mayoría agravada requeridos.

Ante este resultado, el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, propuso una moción para convocar a una sesión especial el 23 de agosto, centrándose en la Ley de Alquileres. El objetivo de esta movida era evidenciar la falta de interés y empatía del oficialismo en resolver una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: el acceso a la vivienda.

Sin embargo, hubo diferencias de interpretación del reglamento y se generó un debate sobre la validez de la moción de emplazamiento al recinto. Mientras algunos argumentaban que no estaba contemplada por el reglamento, otros sostenían que se ajustaba al artículo 126 del mismo. Finalmente, se decidió posponer la votación de la moción para analizar también una propuesta alternativa.

Este fracaso en el intento de derogación de la Ley de Alquileres genera incertidumbre en el sector inmobiliario. Por un lado, los corredores inmobiliarios esperaban una respuesta favorable a sus reclamos de derogación, pero ahora se enfrentan a la posibilidad de una suspensión de la ley por 180 días. Marta Liotto, presidenta de CUCICBA, la cámara que nuclea a los corredores, considera que esta suspensión es inviable y plantea interrogantes sobre qué sucederá con los contratos vigentes y futuros.

Por otro lado, las agrupaciones de inquilinos expresan su disconformidad con la posible suspensión y ven en ello un preludio a la derogación definitiva de la ley. José Luis Griselli, presidente de la Asociación de Defensa de Inquilinos, afirma que el plazo de tres años para los contratos de locación beneficia a los inquilinos y que la normativa debe mantener la oferta de garantías y reformular el índice de actualización.

En este escenario de incertidumbre, tanto propietarios como inquilinos esperan respuestas claras y soluciones que beneficien a ambas partes. Los corredores inmobiliarios buscan que se modifiquen ciertos aspectos de la ley, como el plazo mínimo de alquiler de tres años, que consideran demasiado extenso, y la obligatoriedad de una actualización anual de los contratos según el ICL. Por otro lado, las agrupaciones de inquilinos defienden la duración de tres años como una medida favorable para su seguridad y estabilidad, y piden que se mantenga la oferta de garantías y se reformule el índice de actualización.

En cuanto a la suspensión de la ley por 180 días, tanto corredores inmobiliarios como inquilinos expresan preocupación. Los corredores se preguntan qué sucederá con los contratos vigentes, los que están por vencer y los que se firmarán en los próximos meses. Por su parte, las agrupaciones de inquilinos ven esta medida como un posible paso hacia la derogación definitiva de la ley.

Para llegar a una solución que beneficie a todas las partes involucradas, es necesario un diálogo y consenso entre los actores del sector. El objetivo es encontrar un equilibrio que proteja los derechos tanto de los propietarios como de los inquilinos y promueva un mercado de alquileres justo y accesible.

La conclusión hasta este momento es que, el intento de derogación de la Ley de Alquileres no logró la mayoría requerida en el Congreso, generando más incertidumbre en el sector inmobiliario. La posibilidad de suspender la ley por 180 días plantea interrogantes sobre el futuro de los contratos y la regulación del mercado de alquileres. Propietarios, inquilinos y corredores inmobiliarios esperan respuestas y buscan encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas en este debate.