Rumores de privatización de ASSA y EPE: ¿Realmente sería un mal camino?

En los últimos días, los rumores sobre una posible privatización de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) y la Empresa Provincial de la Energía (EPE) han generado revuelo en la provincia.

A pesar de las negativas por parte del gobernador Maximiliano Pullaro, quien evitó dar una respuesta contundente sobre el tema, las críticas de la oposición y la incertidumbre dentro del personal no han dejado de crecer.

El foco está puesto sobre la gestión de estas empresas estatales, marcadas por la ineficiencia, el exceso de personal y la burocracia que las ahoga desde hace años.

El gobierno ha anunciado que en los próximos días se darán a conocer inversiones importantes para ambas empresas.

Según Pullaro, estos fondos buscan mejorar la infraestructura de agua y cloacas, así como hacer más eficiente el servicio eléctrico en la provincia.

Sin embargo, estas promesas llegan en un contexto de crecientes recortes y despidos, lo que alimenta las sospechas de que se está preparando el terreno para una privatización futura, aunque el gobernador lo niegue de forma ambigua.

Empresas estatales: exceso de personal y privilegios injustificados

Es innegable que tanto ASSA como la EPE han sido blanco de críticas por sus problemas estructurales. Durante años, han acumulado plantillas sobredimensionadas, donde el personal no siempre cumple con roles claramente definidos, y donde los privilegios de algunos sectores han generado un profundo malestar entre los usuarios que deben lidiar con tarifas cada vez más altas para sostener a estas gigantescas burocracias.

El mismo gobernador, en un intento por defender sus políticas, ha admitido la necesidad de "terminar con muchos privilegios" dentro de estas empresas.

En el caso de la EPE, los empleados han disfrutado de premios y bonificaciones que hoy parecen fuera de lugar frente a una realidad económica más ajustada. 

Se anunció hace horas que Aguas Santafesinas SA ha dispuesto no pagar un suplemento extra, una suerte de retribución especial por eficiencia, que para cada empleado se estima de entre $ 2,8 a 3 millones en 2024. 

El sueldo inicial de un trabajador sanitarista en la categoría más baja es de unos $ 800 mil de bolsillo, por lo que será alto el impacto de la medida y se espera alguna reacción gremial.

El recorte de horas extras, la suspensión de premios por productividad y las recientes desvinculaciones de personal en ASSA son medidas que, aunque impopulares, parecían inevitables para quienes defienden la eficiencia y el saneamiento financiero. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿cómo llegamos a este punto?

La historia de estas empresas está marcada por la burocracia y la gestión ineficiente. El exceso de personal y los privilegios no son un invento reciente; se trata de prácticas que se vienen arrastrando desde hace décadas y que, a pesar de los esfuerzos por corregirlas, aún no se ven soluciones concretas.

El propio Pullaro se ha mostrado insatisfecho con el ritmo de las reformas, aunque destacó que "se está transitando un camino diferente". Sin embargo, ese "camino" parece estar plagado de obstáculos burocráticos y sindicales que podrían frenar cualquier intento serio de modernización.

Privatización: ¿un mal necesario?

La palabra "privatización" sigue siendo un tabú en muchas discusiones públicas, asociada con el temor a la pérdida de empleos y el encarecimiento de los servicios.

Sin embargo, hay quienes argumentan que este podría ser el único camino para garantizar la eficiencia de servicios tan fundamentales como el agua y la energía eléctrica.

El legislador justicialista Marcos Corach no dudó en comparar la gestión de Pullaro con la de Javier Milei, insinuando que las recientes políticas de recorte y ajuste no son más que una estrategia para demonizar a las empresas públicas y justificar su eventual privatización.

Pero más allá de estas lecturas políticas, la realidad es que tanto ASSA como EPE, en manos del Estado, no han logrado ofrecer un servicio que se ajuste a las necesidades y demandas de los santafesinos.

Es evidente que no se trata solo de un problema de financiación. El estado provincial ha estado subsidiando a ASSA, cubriendo hasta el 80% de la tarifa del agua, algo que, según Pullaro, cambiará a fin de año con una empresa "equilibrada".

Sin embargo, la pregunta de fondo sigue siendo si es sostenible continuar así, o si una gestión privada, con mayor control y menos burocracia, podría ofrecer un servicio más eficiente, aunque con costos potencialmente más altos para el consumidor final.

Un futuro incierto

Por el momento, el debate sobre la privatización de ASSA y EPE sigue siendo un tema cargado de incertidumbre y especulaciones.

Aunque no parece haber una decisión concreta al respecto, los problemas estructurales de ambas empresas y la insatisfacción generalizada con su funcionamiento invitan a replantear seriamente su modelo de gestión.

¿Es realmente la privatización una solución tan descabellada? Si bien el Estado tiene la obligación de garantizar servicios públicos accesibles, el mal funcionamiento de estas empresas estatales plantea dudas legítimas sobre si pueden seguir operando bajo las reglas actuales.

Tal vez, lo que realmente necesiten no sea tanto una privatización, sino una desburocratización profunda que permita su modernización.