Escándalo en Rafaela involucra al fiscal regional Diego Vigo y Ángela Capitanio

Un enfrentamiento entre una pareja de la ciudad de Rafaela encontró su cause final en una denuncia realizada ante el fiscal general de la provincia de Santa Fe, Jorge Baclini. En ella, lo que se pide es que sea investigado el fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo; la fiscal de Rafaela, Angela Capitanio y a una empleada del MPA (Ministerio Provincial de la Acusación).

¿Cuál es la acusación que recae sobre los funcionarios? El sitio de noticias de la radio Aire de Santa Fe indica: posibles delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, falsedad ideológica, fraude y hasta una supuesta privación ilegítima de la libertad, entre otras.

El denunciante, según señala esta radio, solitó fueran secuestrados, con carácter de urgente, los teléfonos de María Victoria Almeida (empleada del MPA), Angela Capitanio y Diego Vigo, con el fin de “verificar el tráfico y contenido de comunicaciones por llamadas, mensajes de Washapp o cualquier otro medio entre ellos desde el día domingo 19 de octubre de 2020 hasta la fecha.”

En la denuncia también se pide que se secuestre el automóvil marca Honda Fit en el que se moviliza María Victoria Almeida para verificar en su sistema de navegación los recorridos efectuados.

Investigados en Rosario

La investigación del caso es llevada a cabo por la fiscal de Rosario, María Eugenia Irribarren, por decisión de Jorge Baclini. Esto se debe al pedido de que el caso sea investigado por un fiscal que no se encuentre desempeñando tareas bajo las ordenes de Vigo, en Rafaela.

La raíz de la denuncia 

José Curiotto, autor del artículo publicado hoy por Aire de Santa Fe comenta que la historia que desemboca en denuncias y escándalo con sede en el MPA, se inició el pasado 19 de octubre. En dicha fecha, la policía irrumpió en el domicilio del empresario rafaelino Carlos María Podio Barreiro, quien detenido en la ciudad de Santa Fe desde ese entonces.

María Victoria Podio Barreiro, hermana del citado empresario es quien realiza la denuncia con el patrocinio del abogado santafesino Néstor Oroño. Según indicara esta mujer, en la noche de aquel 19 de octubre su hermano se había presentado en la casa de su ex pareja, María Victoria Almeida (empleada del MPA), momento en el que sostuvieron una discusión a raíz de que Almeida se negaba a entregarle el hijo que tienen entre ambos.

Tiempo después y por orden de la fiscal Angela Capitanio, la policía llegó al domicilio Carlos María Podio Barreiro, según la denuncia realizada por su hermana, “en el marco de un espectacular operativo en el que intervino gran cantidad de agentes con armas largas, numerosos vehículos. Le rompieron la puerta de hierro de ingreso a la vivienda” y se lo llevaron del lugar.

De acuerdo a la información difundida por el portal de Aire de Santa Fe, en cuestión de horas, la misma fiscal le imputó a Carlos María Podio Barreiro doce hechos de supuestas amenazas y coacciones, ocurridos entre los años 2018 y 2019, que nunca habían sido denunciados por su ex mujer María Victoria Almeida.

Frente a ello, los hechos narrados Baclini por la hermana del actual detenido, ponen en duda la veracidad de dichas denuncias e indica que pueden haber sido "armadas" por la Fiscalía. Así es que se pidió la intervención de expertos para constatar si se trata de relatos espontáneos o planificados. 

¿Qué tiene que ver Vigo en este conflicto?

Los hechos que se pueden incluir dentro de este conflicto, no se sucedieron en sólo un día. 

El periodista José Curiotto señala en su artículo que durante la noche del 30 y madrugada del sábado 31 de octubre -11 días después de la detención de Carlos María Podio Barreiro-, María Victoria Almeida, ex pareja de Barreiro y empleada del MPA se presentó en la casa del fiscal regional Vigo.

La denuncia recibida por Baclini, indica que fue la hermana de Carlos María Podio Barreiro la principal testigo de ese hecho. De acuerdo a su declaración:

al estar cerca del lugar visualizo a María Victoria Almeida, ex pareja de mi hermano Carlos María Podio Barreiro, estacionando el auto (HONDA FIT dominio HVC146 color plateado, propiedad de su tía). Me estaciono porque me llamó la atención la situación y la veo esconderse entre unas plantas con rejas de una propiedad a 30 metros de la casa del Dr. Diego Vigo.

La hermana del detenido continúa su denuncia indicando que: 

en ese momento pude ver que esta persona, María Victoria Almeida, hablaba por teléfono y se detiene un auto con vidrios polarizados frente a mí. Me asustó la situación y me retiré. Todo este relato ocurrió en 3 minutos aproximadamente. Doy la vuelta de la cuadra porque no entendía lo que estaba ocurriendo y se hacen presentes en el lugar 2 patrulleros y la Guardia urbana de la ciudad.

A los hechos concretos que habrían tenido lugar entre el 30 y 31 de octubre, la denunciante frente a Jorge Baclini, María Victoria Podio Barreiro, hace constar en su denuncia que María Victoria Almeida, ex pareja de su hermano, figura como “empleada de Maestranza del MPA. Sin embargo, por razones que se desconocen, realiza actividades administrativas de recepción y clasificación de denuncias. Esto no es ocasional, sino desde hace mucho tiempo… Todo el que concurre al MPA de Rafaela sabe que la nombrada no trabaja como ordenanza, sino como una administrativa más, sin haber rendido o concursado según correspondía hacerlo”.

El artículo difundido por Aire de Santa Fe, señala a su vez que María Victoria Podio Barreiro denunció al fiscal Vigo por el “posible delito de eliminación o adulteración de pruebas”, ya que al parecer tres días después de la primera denuncia formal, retiró dos cámaras que se encontraba instaladas en el ingreso de su domicilio “y que podían demostrar lo denunciado”.

¿Delitos o escándalo interpersonal?

La fiscal rosarina María Eugenia Iribarren es quien enfrenta por estos días la difícil tarea de discernir si efectivamente se cometieron delitos o si, por el contrario, se trata apenas de un escándalo interpersonal con repercusiones institucionales, comenta José Curiotto en su artículo y agrega un dato más que obra como "frutilla del postre": el inmueble donde funciona la sede del MPA es propiedad de la familia del detenido.

El MPA podría quedarse sin sede

Este último dato refleja las enormes consecuencias que acarrean estas denuncias: los inmuebles donde funcionan en Rafaela la sede del MPA y el anexo de la Fiscalía de Género pertenecen a la familia Podio Barreiro. El MPA alquila estas sedes, pero el contrato vence el 30 de noviembre, apenas en 18 días.

La última comunicación recibida por el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, por parte de los Podio Barreiro, según diera a conocer Aire de Santa Fe, refiere a que no renovarán el contrato de alquiler "con una institución que mantiene de rehén a un integrante de la familia".

Texto fuente: Aire de Santa Fe