La familia de la presunta víctima emitió un comunicado en el que denuncia que el informe de la Fiscalía de Rafaela presenta irregularidades y omisiones.
Rafaela02 de junio de 2022
Región Oeste
Pronto a cumplirse un año del caso que conmovió a la ciudad de Rafaela, la familia de la víctima hace público un comunicado mediante el cual señala que el Ministerio Público de la Acusación, MPA Rafaela, ha cometido "omisiones" en el informe de la causa que investiga el presunto abuso sexual cometido a Mía A., alumna de 2º grado del Colegio San José de esta ciudad.
El hecho en cuestión se conoció el 29 de julio de 2021 y hasta la fecha no hubo avances considerables en la causa, que apunten a esclarecer el hecho y condenen a su responsable. Más bien lo que se fue desarrollando hasta aquí es una historia de encubrimientos, renuncias dudadosas por parte del cuerpo de abogados que representaban a la familia de la víctima y enérgicas declaraciones públicas por parte de la institución dependiente del Obispado de Rafaela, seguidas de acciones dilatorias en el marco de la investigación.
La denuncia efectuada por los padres de la víctima indicó que la niña de 7 años habría sido víctima de abuso sexual en el baño del Colegio San José de Rafaela, durante el horario escolar.
Según los propios testimonios de la víctima, constadados en Cámara Gesell, el abusador sería un hombre "vestido de profesor" quien la habría "manoseado".
Al cobrar dimensión pública el caso, se realizaron sentadas y marchas pidiendo justicia y en reclamo por el pronto esclarecimiento del caso. Acciones que hasta el momento poco han conseguido, más que declaraciones enfáticas por parte del representante legal del Colegio San José y del Obispado de Rafaela.
En la actualidad, el abusado no ha sido identificado ni la justicia ha establecido una sentencia. Sumado a ello, las medidas que alumnos y familiares solicitaron al Colegio, como ser que se aleje a todo el personal masculino hasta que se conozca el nombre del abusador, no fueron tomadas por la institución.
En tanto, cuando la Fiscalía de Rafaela parecía estar tomando las riendas de la investigación, se pudo conocer que las cámaras de seguridad del establecimiento educativo no funcionaban desde hacía un mes previo al supuesto abuso sexual en el colegio rafaelino. Lo mismo que el lector electrónico que permite constatar que controla el ingreso del personal. En síntesis: no hay imágenes ni registro de los ingresos y egresos de personas al colegio.
Así se titula el comunicado de prensa que la familia de Mía ha puesto a circular por estos días, haciendo pública la denuncia hacia el MPA Rafaela por "omisiones" en la investigación por abuso sexual agravado en el Colegio San José de Rafaela.
En él señalan que
Como familia víctima del abuso sexual agravado que se cometió en el Colegio San José de Rafaela hemos conocido el informe de gestión por el cual el fiscal regional de la V jurisdicción hace una autocomplaciente evaluación de sus tareas.
Y, ante el casi nulo avance de la investigación sobre el caso Mía, sus familiares indican que
Si contáramos con responsables del MPA que actuaran con profesionalidad y compromiso, el estado de las medidas investigativas sobre el caso que nos afecta sería muy distinto.
Y pese a sus intenciones de profundizar sobre los detalles de las maniobras que consideran dilatorias por parte de la Fiscalía de Rafaela, aclaran que, en resguardo de las medidas que se encuentran actualmente en curso
no podemos ahora brindar detalles de los perjuicios que la investigación ha tenido por los incumplimientos y desvíos del MPA Rafaela. El equipo de profesionales que nos representan los han denunciado en las instancias correspondientes y pronto podrán ponerlos en conocimiento público.
El pedido de Justicia por Mía no refiere sólo a este caso en particular sino a una intención de visibilizar que estos hechos ocurren también en la ciudad de Rafaela, por eso sus familiares finalizan el comunicado de prensa afirmando que
Quebrar la impunidad de casos que afectan a grupos y organizaciones poderosas requiere un MPA de verdadera calidad institucional. Justicia por las infancias.
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