Tasas municipales en Rafaela: Un debate entre sostenibilidad y presión fiscal

En Rafaela, la discusión sobre la actualización de tasas municipales ha sido una constante durante el 2023 y el 2024, reflejando las tensiones entre la necesidad de mantener la solvencia del municipio y la preocupación por la carga fiscal sobre los ciudadanos.

El cambio de gobierno en la ciudad trajo consigo nuevas dinámicas políticas, pero también viejas problemáticas que no han hecho más que intensificarse.

El aumento del 60% en la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) propuesto en noviembre de 2023 por el Ejecutivo municipal fue una de las primeras decisiones controvertidas del nuevo oficialismo de Juntos por el Cambio (JxC).

Este aumento, justificado por la elevada inflación y los costos crecientes, marcó un giro en la postura tradicional del partido, que anteriormente había suavizado estos incrementos cuando estaba en la oposición. Ahora, como oficialistas, la prioridad parecía ser asegurar los ingresos necesarios para mantener la operatividad del municipio.

Sin embargo, esta medida fue solo el inicio de una serie de ajustes automáticos implementados bajo una fórmula polinómica que considera diversos indicadores económicos, como los salarios municipales, el precio del gasoil y el índice de precios mayoristas.

Este sistema, que eliminó la necesidad de discusiones políticas en el Concejo Municipal, fue defendido por el oficialismo como un mecanismo para garantizar la estabilidad financiera del municipio en tiempos de incertidumbre económica.

No obstante, el impacto de estas actualizaciones automáticas no tardó en sentirse en el bolsillo de los rafaelinos. Para mayo de 2024, la UCM había aumentado un 95%, y para agosto, la presión fiscal sobre los contribuyentes era ya insostenible.

Ante este escenario, la oposición justicialista comenzó a cuestionar la fórmula polinómica y pidió la suspensión de su aplicación para el último cuatrimestre del año, argumentando que la realidad económica ya no justificaba tales incrementos.

El debate se intensificó en agosto de 2024, cuando la oposición logró poner en discusión la posibilidad de congelar o escalonar los aumentos.

Esta postura fue respaldada por la concejal María Paz Caruso, quien argumentó que la administración municipal había acumulado un superávit significativo que permitía evitar nuevos incrementos sin comprometer la calidad de los servicios públicos.

Además, destacó que estos aumentos no habrían sido propuestos por la gestión anterior, lo que subrayó la contradicción entre las políticas actuales del oficialismo y sus acciones pasadas.

Finalmente, ante la creciente presión, el oficialismo en el Concejo Municipal aceptó revisar el sistema de actualización automática, abriendo la puerta a un posible acuerdo para escalonar los aumentos en lugar de aplicar un incremento directo del 30,4% en septiembre.

Este movimiento refleja el difícil equilibrio que debe mantener el gobierno local entre la necesidad de asegurar recursos para la gestión pública y la obligación de proteger a los ciudadanos de cargas fiscales desmedidas.

El caso de las tasas municipales en Rafaela pone de manifiesto las complejidades de la gestión pública en contextos de alta inflación y cambios políticos.

La fórmula polinómica, aunque técnica y objetiva, ha mostrado sus limitaciones en escenarios donde la economía y la política se entrelazan de maneras impredecibles.

A medida que el municipio se enfrenta a desafíos financieros crecientes, la búsqueda de un consenso que equilibre la sostenibilidad fiscal con el bienestar de los contribuyentes seguirá siendo un tema central en el debate público.