Reforma de seguridad en Santa Fe: qué cambia, quién la frena y por qué el jueves es clave

La Legislatura de Santa Fe entra en una semana decisiva para la política de seguridad de Maximiliano Pullaro. El oficialismo quiere sacar este miércoles el dictamen del paquete de leyes "Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública" en un plenario de las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales, para que el proyecto llegue al recinto de la Cámara de Diputadas y Diputados el jueves 29 de octubre, con preferencia ya acordada.

No es una discusión más. El gobierno provincial presenta estas reformas como la "segunda ola" de su plan de seguridad, y la demora en tratarlas ya genera roces dentro de la coalición que lo sostiene.

Qué propone el paquete

Son once iniciativas que entraron a la Legislatura en mayo y quedaron prácticamente congeladas mientras la reforma electoral ocupaba la agenda. En conjunto, modifican herramientas de investigación penal, amplían atribuciones de policías y fiscales y cambian aspectos del régimen penitenciario. Entre los puntos más sensibles figuran:

• Más competencias para la policía al momento de las detenciones.
• Allanamientos inmediatos cuando una persona lleva armas o explosivos en la vía pública, con el control judicial posterior a la medida.
• La posibilidad de que la policía tome información de las personas presentes en la escena de un delito para evitar un peligro inminente.
• Cambios en la obtención de pruebas y la incorporación del juicio en ausencia.
• Nuevas restricciones para presos de alto perfil.
• Un sistema provincial de intervención en los mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos.

El argumento del oficialismo

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el diputado Martín Rosúa, defendió las reformas en diálogo con Aire de Santa Fe. Recordó que en el departamento Rosario hubo 290 homicidios en 2022 y 261 en 2023, y que en la provincia se llegó a "400 muertos violentos". Según él, la primera tanda de leyes (Emergencia en Seguridad, Inteligencia, intervención de cárceles, Microtráfico y dos reformas al Código Procesal Penal) dio resultado: "tenemos 70 % menos de homicidios en Rosario, la mitad de los delitos en la provincia y se recuperó la paz social".

El diagnóstico del gobierno es que el delito "no se terminó" y que las organizaciones criminales "se están reconfigurando". Sobre los allanamientos por portación de armas, Rosúa sostuvo que no se resienten las garantías, sino que hay "un reordenamiento temporal, donde primero se toma la medida urgente y después se aplica el control". Para el caso de las personas interrogadas en la escena, aclaró que si alguien decide no declarar, "automáticamente se convoca a su abogado defensor".

Las objeciones y la tensión en Unidos

En las comisiones se escuchó a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público de la Acusación, al Ministerio Público de la Defensa, a colegios de abogados, a centros de estudios y a organizaciones sociales. Las diferencias de fondo pasan por el alcance de las nuevas facultades, los controles judiciales y las garantías constitucionales.

Según Letra P, en la Casa Gris apuntan al Partido Socialista, uno de los principales socios de Unidos, como responsable de la demora. En el PS sostienen que algunos artículos no pasan el filtro constitucional y rechazan que la Legislatura se limite a convalidar los textos del gobernador. El Ejecutivo acepta cambios de redacción, pero no que se toquen los ejes de las reformas, y pretende tenerlas sancionadas antes de fin de año. "El delito está contenido, no quebrado", resumen cerca del gobernador.

La presión también llegó desde el Senado: la semana pasada, el presidente provisional de la cámara alta, Felipe Michlig, criticó las ausencias de legisladores oficialistas y le reclamó a Diputados que acelere el paquete.

Qué puede pasar el jueves

Para el jueves 29, Diputados tiene previsto avanzar con tres de los proyectos del paquete. Pero la falta de acuerdos internos todavía amenaza con frustrar el objetivo de llegar al recinto con dictamen. Si el plenario de mañana no consigue las firmas, la segunda ola de reformas de Pullaro volverá a postergarse y la discusión con el socialismo seguirá abierta hasta fin de año.

Para el oeste santafesino el tema no es ajeno: las leyes que se aprueben regirán para toda la provincia, también en el trabajo de la policía y la fiscalía en Rafaela y su región.