Dictaron prisión preventiva para madre y dos hijos al mando de la agencia inmobiliaria y fianzas para los cinco empleados de la firma que permanecerán en libertad con condiciones.
Rafaela 31 de octubre de 2023
Región Oeste
La madre, de 71 años, y sus dos hijos varones de 45 y 48 años, quienes lideraban el grupo inmobiliario Spaggiari en la ciudad de Rafaela, enfrentan medidas de prisión preventiva tras ser detenidos bajo acusaciones de estafa a inversores a través de un esquema financiero que supuestamente involucró sumas millonarias en dólares.
La justicia también ha ordenado la inmovilización de bienes de estos tres acusados, cuyo valor supera los 200 millones de pesos.
Por otro lado, los otros cinco implicados en el caso, empleados de la empresa, obtendrán su libertad, aunque sujetos a diversas restricciones, incluyendo una fianza de 50 millones de pesos cada uno.
La familia Spaggiari, compuesta por M.C. (71 años) y sus hijos M.S. (45 años) y F.S. (48 años), se destacó en la región con una agencia inmobiliaria y posteriormente con dos empresas de suministros para la construcción.
A partir de 2019, comenzaron a captar fondos en moneda extranjera con la promesa de futuros proyectos, pero esta operación evolucionó hacia lo que se ha denominado una "estafa piramidal", similar a un esquema Ponzi.
Esto llevó a una investigación judicial que involucra 173 casos, con 85 denuncias confirmadas ante la corte, inicialmente valuadas en alrededor de 5 millones de dólares. Se sospecha que la cifra real podría ser mucho mayor, ya que muchos inversores aún no han formalizado sus reclamaciones judiciales.
Durante una extensa audiencia que se llevó a cabo el pasado sábado en los Tribunales de Rafaela, el fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Guillermo Loyola, reafirmó su solicitud de prisión preventiva para los acusados.
Subrayó que, a pesar de que la asociación ilícita conlleva una pena de 5 a 10 años, es importante recordar que estos acusados han causado daños irreparables. Las víctimas han sufrido profundamente, algunas requieren asistencia psicológica y otras han enfrentado problemas de salud graves, como ataques cardíacos. Además, han perdido sus ahorros y sus sueños de inversión.
El fiscal también destacó la ausencia de documentación relacionada con los inversores o la actividad de la empresa en los allanamientos realizados, lo que sugiere que los acusados han ocultado intencionalmente esta información en los últimos meses, fortaleciendo así la sospecha de actividades fraudulentas y engañosas. También se mencionaron posibles amenazas dirigidas a quienes denunciaron los hechos.
El abogado defensor, José María Silvela, argumentó que la acusación se basa en la participación de los acusados en maniobras fraudulentas sin proporcionar detalles precisos sobre las acciones o el momento en que ocurrieron.
Señaló que, según la normativa vigente, un contrato de mutuo implica que una parte entrega bienes a la otra para su consumo, lo que implica un acuerdo voluntario en el que el prestamista actúa de manera consciente y libre al entregar el dinero. Argumentó que la cuestión de si se trataba de un contrato debía ser abordada en un contexto diferente al proceso penal.
El abogado también defendió que no se ha demostrado la existencia de una asociación ilícita entre los acusados, ya que, según la ley, esto requeriría un acuerdo entre los miembros para cometer delitos.
En una parte de la larga audiencia, el juez Gustavo Bumaguin permitió que las víctimas presentes compartieran sus testimonios. Una mujer expresó que los acusados se negaron a devolver su capital, a pesar de haber construido su fortuna con los fondos y ahorros de toda una vida de los inversores. Solicitó una sanción ejemplar, ya que siente que les han robado sus sueños.
Además, dos exempleados del grupo Spaggiari, G.G. y G.L.U., detallaron la operación de la empresa, su expansión y los problemas financieros que llevaron al manejo de fondos de inversores, hasta que se cortaron los pagos de intereses a fines de 2022, lo que desencadenó las denuncias posteriores.
M.S., uno de los acusados, afirmó que todo se manejó de manera transparente y que los inversores entregaron sus fondos voluntariamente. Insistió en que los empleados siempre estuvieron registrados legalmente y que no hubo ninguna asociación ilícita. Argumentó que los retrasos en los pagos fueron simplemente una dificultad financiera.
Finalmente, cerca de las 23 horas, el juez Gustavo Bumaguin dictaminó la prisión preventiva para los hermanos Spaggiari y su madre, aunque esta última cumplirá su pena bajo arresto domiciliario. Además, se ordenó la inmovilización de bienes por valor de unos 200 millones de pesos para cada uno de los tres acusados.
En el mismo fallo, el juez resolvió que los otros cinco acusados, C.S. (22 años), G.G. (49 años), G.L.U. (56 años), M.B. (54 años) y C.C. (39 años), deberán enfrentar una fianza personal de 50 millones de pesos. Además, se les prohíbe acercarse a las víctimas, salir del país y se les exige presentarse semanalmente ante la justicia.
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