El gobierno argentino oficializó la decisión de colocar a Aerolíneas Argentinas bajo un proceso de privatización.
El anuncio, realizado a través del Boletín Oficial con el decreto 873/2024, marca un cambio significativo en la estrategia de administración de la aerolínea de bandera.
La privatización se plantea como una solución para frenar el continuo déficit que la empresa genera al Tesoro Nacional, algo que ha sido fuertemente criticado por el actual gobierno.
La medida está respaldada por el artículo 9 de la Ley 23.696, conocida como la Ley de Reforma del Estado, que permite al Ejecutivo someter a privatización empresas del Estado con problemas financieros.
Este decreto es el punto culminante de una serie de tensiones que escalaron en septiembre, cuando los gremios aeronáuticos iniciaron paros que paralizaron el servicio de Aerolíneas Argentinas, afectando a miles de pasajeros y generando críticas sobre la eficiencia de la compañía.
El decreto fue firmado por Milei junto al jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, quienes justificaron la decisión afirmando que Aerolíneas es una empresa "altamente deficitaria" y que la intervención estatal ha resultado en pérdidas multimillonarias.
Uno de los principales argumentos del Gobierno es la ineficiencia operativa de Aerolíneas Argentinas. Según el decreto, la compañía posee una dotación excesiva de pilotos en comparación con otras aerolíneas internacionales.
La relación entre pilotos y aeronaves es de aproximadamente 14 por avión, un número muy elevado frente a los estándares globales. Este dato, sumado al déficit operativo acumulado desde la reestatización en 2008, es uno de los puntos más críticos que impulsa la decisión.
Desde la reestatización, el Tesoro Nacional ha desembolsado cerca de 8 mil millones de dólares para mantener la operación de la aerolínea. En un contexto de ajuste fiscal, donde los índices de pobreza alcanzan el 52,9% y la indigencia el 18,1%, el gobierno considera que seguir financiando a Aerolíneas Argentinas sería "insostenible" y una carga inaceptable para los recursos públicos.
El anuncio ha generado reacciones mixtas. Por un lado, sectores cercanos al oficialismo celebran la medida como un paso necesario para sanear las cuentas públicas y permitir que el Estado destine recursos a áreas más prioritarias, como la reducción de la pobreza y la mejora de la infraestructura social.
Sin embargo, los gremios aeronáuticos han expresado su rechazo, argumentando que la privatización podría derivar en despidos masivos y en la precarización del servicio.
Desde la oposición, algunos sectores han criticado la medida por considerar que Aerolíneas Argentinas es un símbolo de soberanía nacional y que su privatización podría tener consecuencias negativas para el transporte aéreo en las regiones más alejadas del país, donde la aerolínea juega un rol clave.
El futuro de Aerolíneas Argentinas bajo la gestión privada aún es incierto. Si bien el gobierno sostiene que la compañía podrá mejorar su eficiencia operativa y ofrecer mejores servicios bajo condiciones de mercado, queda por verse si el proceso de privatización atraerá interesados, especialmente en un contexto económico desafiante para el país.
Con esta medida, el Gobierno de Milei reafirma su política de achicar el Estado y reducir el gasto público, en línea con su programa de reformas estructurales.
No obstante, el debate sobre si Aerolíneas Argentinas debe seguir siendo pública o no continuará siendo un tema caliente en el panorama político argentino.
