La Inspección General de Justicia (IGJ), organismo dependiente del Ministerio de Justicia, formalizó la transformación de cinco empresas públicas en Sociedades Anónimas (S.A.), como parte del plan de modernización del Estado impulsado por la administración de Javier Milei.
La decisión fue anunciada a través de un comunicado oficial titulado “Motosierra”, en el que se destaca la intención de “terminar con el uso político de las empresas estatales” y promover una mayor transparencia y eficiencia en su gestión.
A partir de ahora, estas nuevas sociedades deberán rendir cuentas como cualquier empresa privada: presentar balances, someterse a auditorías y operar bajo normativas del sector comercial.
Las compañías alcanzadas por la medida son:
- Corporación Buenos Aires Sur
- Fabricaciones Militares
- Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA)
- Administración General de Puertos (AGP), que fue absorbida por la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN)
- Télam, que fue directamente disuelta
La disolución de la agencia nacional de noticias Télam, ya anticipada en el discurso presidencial del 1 de marzo, representa uno de los puntos más simbólicos de esta transformación.
La medida fue justificada por el Gobierno bajo el argumento de que el medio había sido “instrumentalizado políticamente”.
Este cambio se inscribe dentro de una serie de medidas más amplias que el Ejecutivo denomina "reorganización del aparato estatal", cuyo objetivo declarado es reducir el gasto público y optimizar los recursos del Estado.
Bajo esta lógica, las transformaciones de empresas públicas en Sociedades Anónimas permitirían una mayor flexibilidad operativa, con controles más rigurosos y menor dependencia política.
Desde el Gobierno aseguran que esta conversión jurídica también facilitará asociaciones con el sector privado, fomentando la inversión y la competitividad.
La iniciativa no ha estado exenta de críticas. Distintos sectores cuestionan si este tipo de reformas implican una mejora en la eficiencia o si, por el contrario, abren la puerta al vaciamiento y eventual privatización de empresas estratégicas.
Especialmente significativa resulta la desaparición de Télam, que genera preocupación sobre el acceso a información pública y la pluralidad de voces.
