En la década del 60 el Reino Unido expulsó a través de la fuerza a los 2.000 habitantes de la isla Diego García, en el Océano Índico, y se la alquiló a Estados Unidos para que arme allí una base militar con rápido acceso a Asia y África.

Ante presiones judiciales y políticas por ese acto de violencia, en 2010 el gobierno británico estableció que la zona se convierta en una reserva marina protegida.

El Grupo de Refugiados de Chagos (CRG), que nuclea a los sobrevivientes de la población original expulsada y sus descendientes, denunció ante la justicia que esa decisión fue otra maniobra para impedirles regresar a su hogar ya que son una comunidad esencialmente pesquera.

Luego de un proceso judicial, trabado por grandes demoras, un tribunal de Londres decidió hoy desestimar esa acusación y falló que la creación del área de protección marina “es compatible con las leyes de la Unión Europea (UE)”.

“Es decepcionante para los chagosianos, algunos de los cuales no podrán ser capaces de sobrevivir si se nos saca nuestro derecho a la pesca, el único vínculo que nos queda con nuestra patria desde que el Reino Unido nos expulsó ilegalmente”, señaló el CRG en un comunicado.

La agrupación expresó que está “a favor de la conservación de ese paraíso natural” pero que más peligroso para el medioambiente es la base militar estadounidense que “causó enormes daños en los corales, destruyó vegetación y produjo derrames de petróleo en reservorios de agua dulce”.

El fallo atenta contra el derecho de autodeterminación que tienen los chagosianos que, a diferencia de los habitantes de Malvinas, fue reconocido mundialmente y hasta por la propia justicia británica en sentencias anteriores.

Londres se resguarda en ese principio para no negociar el archipiélago en disputa de soberanía con Argentina, pero se lo niega a los chagosianos que sí son una población nativa diferente a la metrópoli conquistadora.

El canciller argentino Héctor Timerman mencionó este caso en junio de 2011, en un discurso ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, al afirmar que “el Reino Unido se escuda en el principio de libre determinación como una excusa para no negociar la Cuestión Malvinas”.

El vínculo entre ambos territorios tiene nombre: Colin Roberts, máximo responsable del autodenominado Territorio Británico del Océano Índico cuando se creó el área de protección que les negó sus derechos a los chagosianos, y designado por la cancillería británica como próximo gobernador de Malvinas.

El funcionario fue uno de los testigos clave durante el reciente juicio ya que en el cable “09LONDON1156” de Wikileaks reconoció que “el establecimiento de una reserva marina podría ser la forma más eficaz a largo plazo para evitar un reasentamiento”.

“El lobby ambiental británico es más poderoso que los abogados de los chagosianos”, opinó Roberts, de acuerdo a la información que el Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó como confidencial.

El peso de las evidencias que aportó Wikileaks es tan fuerte, que por primera vez en el Reino Unido uno de sus cables iba a ser utilizado como prueba judicial.

Sin embargo, los magistrados luego lo desestimaron por presiones del gobierno británico que argumentó que esa información fue obtenida de forma ilegal y que viola los derechos diplomáticos de la Convención de Viena. 
Télam