En una movida sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe ha elevado una solicitud urgente al Poder Ejecutivo para que agilice la cobertura de 48 vacantes en el Poder Judicial. La medida, tomada en el marco del acuerdo semanal, busca garantizar la prestación óptima de servicios de justicia en la región.

Las posiciones vacantes han estado generando dificultades en la administración de justicia durante varios años. La Corte ha recordado que en diversas ocasiones desde 2015 ha planteado la preocupación por la falta de cobertura de cargos de magistrados. El pronunciamiento actual destaca la necesidad de preservar los principios fundamentales que aseguran el funcionamiento eficiente del servicio de justicia.

Tanto el Colegio de Magistrados como la Federación de Colegios de Abogados han tomado la iniciativa de expresar su inquietud ante el gobernador Omar Perotti. En sus respectivas notas, han solicitado la remisión de pliegos de magistrados cuyos concursos ya han concluido. Ambas organizaciones han subrayado la urgencia de contar con funcionarios que ocupen los cargos vacantes para evitar un perjuicio a la normal prestación del servicio de justicia.

La asamblea legislativa convocada para discutir los pliegos de defensores y fiscales también ha proporcionado un escenario en el que la oposición ha llamado al Poder Ejecutivo a retirar todas las propuestas pendientes hasta después de la resolución electoral del 10 de septiembre en la provincia.

La situación se agrava en los departamentos de San Cristóbal y 9 de Julio, donde las jubilaciones y los traslados han dejado a solo un juez titular en la región. Para paliar esta situación, jueces de Rafaela se han encargado provisionalmente de los juzgados de San Cristóbal. Esta medida provisional ha generado preocupación entre los profesionales y entidades de ambas áreas, quienes buscan una solución sostenible a largo plazo.

En un momento en que la comunidad jurídica y la sociedad en general están observando de cerca, la presión aumenta sobre el gobierno para abordar esta problemática y garantizar un sistema judicial eficiente y funcional en la provincia de Santa Fe.