El Gobierno declara "servicio esencial" al transporte aéreo: el impacto en los conflictos gremiales

El Gobierno nacional, a través del decreto 825/2024 publicado en el Boletín Oficial, declaró como servicio esencial al transporte aéreo civil y comercial.

Esta decisión se toma en un contexto de creciente tensión gremial en el sector aeronáutico, marcado por el reciente paro que afectó a miles de pasajeros y decenas de vuelos en los principales aeropuertos del país.

Contexto de la medida: Conflicto gremial en el sector aeronáutico

El conflicto en el sector aéreo se intensificó el pasado viernes, cuando pilotos y trabajadores de la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) llevaron adelante una huelga de 24 horas en Aeroparque y Ezeiza.

Esta medida de fuerza, motivada por demandas salariales, afectó a 37 mil pasajeros y obligó a cancelar 319 vuelos, generando un caos en los aeropuertos más importantes del país.

En este escenario, la declaración del transporte aéreo como servicio esencial pretende establecer límites a las acciones gremiales que puedan interrumpir por completo la actividad.

El decreto busca proteger tanto a los usuarios del servicio como a las actividades económicas que dependen del transporte aerocomercial.

Fundamentos del decreto

Según el decreto, el transporte aéreo es considerado "una industria vital para la economía" de Argentina, al asegurar la conectividad tanto interna como externa del país.

En este sentido, el Gobierno subraya que resulta legítimo requerir un servicio mínimo en sectores estratégicos, especialmente en aquellos casos donde una huelga prolongada puede causar daños irreversibles o poner en riesgo la seguridad pública.

El objetivo principal de la medida es evitar que los conflictos laborales afecten de manera desproporcionada a los consumidores y usuarios del servicio, así como a las empresas que dependen del transporte aerocomercial para el normal desarrollo de sus actividades.

Regulación de los paros en el transporte aéreo

El decreto establece un marco regulatorio específico para los conflictos laborales en el transporte aéreo. A partir del 16 de septiembre, cualquier medida de acción directa que interrumpa total o parcialmente el servicio deberá cumplir con una serie de requisitos:

Notificación anticipada: Las partes involucradas en un conflicto laboral deberán preavisar con al menos cinco días de anticipación tanto a la contraparte como a la autoridad reguladora sobre la intención de realizar medidas de fuerza.

Servicios mínimos: Dentro de las 24 horas posteriores a la notificación, las partes deberán acordar los servicios mínimos que se mantendrán durante la huelga, detallando el personal involucrado y las modalidades de ejecución. Estos servicios mínimos no podrán ser inferiores al 50% de la operación normal.

Intervención del Estado: En caso de no llegar a un acuerdo sobre los servicios mínimos, será la autoridad competente la encargada de determinar los parámetros de la prestación del servicio durante el conflicto y obligar a las partes a cumplir con dicha disposición.

Asambleas gremiales: El decreto también aclara que las asambleas gremiales no podrán utilizarse como herramienta para interrumpir directa o indirectamente la prestación normal del servicio.

Implicaciones para el sector y los usuarios

Esta normativa supone un cambio significativo en la relación entre el Gobierno, los gremios y las aerolíneas, al imponer límites claros a las huelgas y a las asambleas gremiales.

La exigencia de mantener un servicio mínimo del 50% busca asegurar que la conectividad aérea no se vea completamente interrumpida, incluso en momentos de conflicto laboral.

Para los usuarios, la medida representa una protección ante las cancelaciones masivas de vuelos, que en muchos casos generan perjuicios económicos y complicaciones logísticas.

A su vez, las empresas que dependen del transporte aéreo para sus operaciones también verán garantizada una continuidad mínima en el servicio.

No obstante, esta declaración de servicio esencial podría generar tensiones adicionales con los gremios, quienes podrían interpretar la medida como una limitación a su derecho de huelga.

El Gobierno, por su parte, argumenta que se trata de un equilibrio necesario para proteger el interés público y evitar daños mayores a la economía y la sociedad en general.