La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria de Santa Fe ha sugerido la declaración de Emergencia o Desastre Agropecuario en los departamentos de 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Cristóbal. Esta medida, que tendría una duración de seis meses a partir del 1° de septiembre, responde a la grave sequía que afecta a estas regiones.
Los informes presentados por el INTA y los equipos técnicos provinciales confirman que la falta de lluvias ha impactado críticamente en las actividades agropecuarias, principalmente en la ganadería de cría.
Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería, destacó que los cuatro departamentos están totalmente comprometidos, con efectos devastadores para el sector.
“Estamos en etapa de parición, y la vaca necesita recomponerse rápidamente para volver a preñarse", explicó Mántaras, subrayando la urgencia de evitar pérdidas en los rodeos.
Además, mencionó que, aunque algunos distritos del centro de la provincia también están siendo afectados, podrían mejorar con precipitaciones, por lo que se decidió no incluirlos aún en la declaración de emergencia.
Sin embargo, se continuará monitoreando su situación. El objetivo es no retrasar la homologación de la emergencia por parte del Gobierno Nacional, algo crucial para acceder a beneficios del Banco Nación.
"Queremos ser prudentes y evitar que la inclusión de estos distritos retrase el proceso", agregó el funcionario.
Además de la ganadería, otros sectores clave de la producción agropecuaria también están bajo amenaza. El trigo, por ejemplo, está en una situación crítica y depende de mejoras en las precipitaciones. Igualmente, la siembra de algodón podría sufrir retrasos significativos.
En respuesta a esta crisis, el Gobierno provincial ha previsto una serie de medidas de apoyo. Estas incluyen la prórroga o exención del Impuesto Inmobiliario Rural (IIRR) para los productores afectados, y, en caso de que la declaración sea homologada a nivel nacional, se aplicarán beneficios adicionales, como la reducción en el pago del impuesto a las ganancias y sus anticipos.
Además de estos beneficios fiscales, Mántaras señaló otras acciones concretas que se implementarán, incluso sin la declaración formal de emergencia.
Entre ellas destacan la construcción de aguadas comunitarias, asistencia con forraje y el acarreo de agua para los pequeños y medianos productores, así como el apoyo directo para mejorar la condición de los rodeos más afectados.
Por último, el secretario de Agricultura y Ganadería adelantó que la provincia ya está trabajando en una nueva ley que permitirá contar con recursos adecuados para enfrentar eventos climáticos adversos de manera más eficiente.
El enfoque de esta legislación será integral, con el fin de mejorar la respuesta del Estado ante emergencias futuras.
Con estas medidas, el Gobierno de Santa Fe busca mitigar el impacto de la sequía actual y evitar mayores pérdidas en uno de los sectores más importantes de la economía provincial.
Sin embargo, la situación sigue siendo crítica, y las próximas semanas serán determinantes para evaluar el alcance de la emergencia y la implementación de nuevas acciones.
