La iniciativa suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo y establece que la nueva convocatoria se realizará en "términos y condiciones financieras" similares a la operación concretada en 2010.

En ese sentido apunta a "llevar adelante todas las acciones necesarias para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos" que no ingresaron a los canjes instrumentados en 2005 y 2010.

El artículo segundo del proyecto establece que los "términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en el decreto 563/10", referido a las condiciones de los bonos del canje 2010.

Otro artículo importante, el número 7, suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo, para dar vía libre a la operación que oportunamente realizará el Ejecutivo.

Se trata de un artículo clave, de cara el juicio que la Argentina enfrenta en Nueva York, donde la Corte Suprema deberá decidir si toma o no el caso.

Durante el plenario de comisiones que le dio dictamen al proyecto, tanto el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, como el secretario de Política Económica, Axel Kicillof, ratificaron que el proyecto es una muestra de que la "Argentina no eludirá sus compromisos de pago con sus acreedores".

Lorenzino aseguró que existe un "intento de volver al pasado", y advirtió que algunos acreedores "no tienen deseo genuino de cobrar, sino que lo que quieren es tener ganancias cuantiosas a costa de todos los argentinos".

A su turno, Kicillof aseguró que la "Argentina no debe caer en la trampa del sistema financiero de pagar deuda con más deuda", y consideró a la propuesta argentina como "generosa y equitativa con un estricto criterio de justicia".

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Aníbal Fernández, y el jefe del bloque kirchnerista, Miguel Ángel Pichetto, adelantaron el esperado respaldo del Frente para la Victoria a la medida.

Fernández enfatizó que “no hay visión que cambie los canjes de 2005 y de 2010” y precisó que “este instrumento permite que ese 7 por ciento remanente que quiera ingresar al canje actual pueda hacerlo en las mismas condiciones que lo hicieron los otros”.

En tanto, Pichetto calificó al proyecto de Ley como “importante y trascendental para el futuro del país” al destacar el “compromiso político de la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) que se funda en que la Argentina afronta todos sus compromisos internacionales y se mantiene firme en la defensa del interés nacional”.

El radicalismo adelantó su apoyo al proyecto a través de varios de sus senadores, como el jefe de bloque, José Cano; la presidenta de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, Laura Montero; y el jujeño Gerardo Morales.

Si bien coincidieron en que “la reapertura del canje debió haberse hecho antes”, tal como dijeron Montero y Cano, Morales anunció que el bloque radical apoyará la medida en general, aunque en particular apoyará un dictamen propio que elimina la Ley Cerrojo en lugar de suspenderla.

En cambio, ya señalaron que no respaldarán el proyecto el también radical, Eugenio Artaza, el peronismo federal y el Frente Amplio Progresista.

La justicialista salteña Sonia Escudero detalló que el proyecto “prohíbe cualquier pago en mejores condiciones a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones legales, lo que parece anticipar que el Estado argentino no va a cumplir con un fallo de la Corte americana que disponga lo contrario”.

Desde el FAP, en ese mismo sentido, el bonaerense Jaime Linares confirmó que votará en contra al decir que “esta reapertura no soluciona el problema de fondo”.