Prohíben el ingreso a cargos públicos por “vínculo familiar” en Argentina

El Gobierno argentino ha dado un importante paso hacia la transparencia en la administración pública al implementar el Decreto 959/2024, el cual prohíbe el ingreso a cargos públicos por parentesco o afinidades políticas.

Esta medida forma parte de una estrategia de fortalecimiento institucional destinada a erradicar el nepotismo y asegurar que el mérito y la competencia sean los únicos criterios válidos en las contrataciones del Sector Público Nacional.

Esto decía el Ministro de Desregulación al respecto

¿Qué implica el Decreto 959/2024?

La normativa no solo tiene como fin inmediato regular el acceso a los empleos públicos, sino también establecer un precedente para prevenir la concentración de poder en redes familiares o políticas, promoviendo la igualdad de oportunidades y restaurando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Restricción de Prácticas Hereditarias

El Decreto 959/2024 establece una prohibición clara contra el ingreso de familiares directos de funcionarios en cargos de la administración pública, eliminando así cualquier posibilidad de acceso a través de “privilegios heredados”.

Esta prohibición se extiende a relaciones de parentesco por afinidad y de influencia política, apuntando a reducir al máximo el favoritismo en el sector.

Para garantizar la aplicación de esta normativa, el decreto dispone auditorías internas periódicas que permitirán detectar y corregir irregularidades en los procesos de selección de personal.

Concursos Abiertos y Públicos

Una de las piedras angulares de esta normativa es que todos los procesos de selección para ingresar a la administración pública serán abiertos al público y sujetos a concursos competitivos, garantizando así que el acceso a estos cargos sea igualitario.

Los postulantes deberán cumplir con requisitos específicos y previamente establecidos, y cada concurso contará con un perfil de puesto que definirá de manera detallada las competencias y habilidades necesarias para el cargo.

Comités de Evaluación Independientes

La supervisión de los concursos será responsabilidad de comités de evaluación compuestos por miembros independientes, designados para garantizar imparcialidad y transparencia en el proceso de selección.

Estos comités deberán presentar informes detallados y accesibles al público sobre el resultado de cada concurso, proporcionando un sistema de rendición de cuentas que contribuirá a la eliminación de prácticas irregulares.

Régimen de Sanciones a Irregularidades

El decreto también establece un marco de sanciones estrictas para aquellos funcionarios que intenten favorecer a conocidos o familiares en los procesos de selección.

Las sanciones pueden incluir desde la suspensión hasta la destitución, en función de la gravedad de la infracción.

Además, el régimen establece que estas sanciones serán aplicadas no solo a quienes practiquen nepotismo, sino también a aquellos que, por omisión, no denuncien prácticas irregulares en sus áreas de trabajo.

Supervisión y Auditoría Constante

Con el fin de mantener la integridad de los procesos de selección, la normativa habilita auditorías regulares a cargo de la Oficina Anticorrupción, un organismo independiente que fiscalizará la transparencia de cada convocatoria y verificará que los concursos se lleven a cabo sin interferencias.

Este sistema de supervisión periódica refuerza el compromiso del Gobierno con la transparencia y permite generar estadísticas y reportes que darán cuenta de los avances logrados en la lucha contra el nepotismo.

Un cambio de paradigma en la administración pública

La implementación de este decreto significa un avance hacia una administración pública más transparente y profesional, donde el acceso a los empleos estatales esté basado en el mérito y no en influencias personales o políticas.

Con estas medidas, el Gobierno busca erradicar prácticas que durante años han generado desconfianza y descontento en la ciudadanía, promoviendo un sistema de selección de personal justo y abierto.