Además solicitó se informe la cantidad, especie, fecha de vencimiento y otros datos de los alimentos hallados en los depósitos. Se denunció que se trata de más de 5 millones de kilos de comida que podría estar próxima a vencer.
Sociedad27 de mayo de 2024
En una resolución crucial, el juez federal Sebastián Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano que, en el plazo de tres días, presente un "plan de distribución inmediata" para entregar alimentos almacenados en depósitos a los sectores más afectados por la inseguridad alimentaria.
Esta medida se produce en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia penal contra el gobierno de Javier Milei por la supuesta interrupción en la entrega de alimentos a comedores comunitarios.
La orden del juez incluye un mandato para que se informe detalladamente sobre la cantidad, tipo, fecha de vencimiento y otros detalles de los alimentos que se encuentran almacenados.
Según la denuncia, habría más de 5 millones de kilos de comida comprados por la administración anterior y ahora acumulados sin ser distribuidos.
Esta acción judicial responde a una denuncia presentada en febrero por organizaciones sociales, entre ellas el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), encabezado por Juan Grabois.
Grabois acusa a la ministra Sandra Pettovello de incumplir con sus deberes al no distribuir alimentos a comedores barriales y comunitarios en todo el país.
La denuncia fue ampliada recientemente, después de que un pedido de información pública realizado por el medio El Destape revelara la existencia de grandes cantidades de alimentos próximos a vencerse en depósitos.
La fiscal Paloma Ochoa, quien impulsa la denuncia, sostiene que la ministra Pettovello está "violando normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza" y no está cumpliendo con sus obligaciones ministeriales.
En su presentación, Grabois también reclamó que las unidades ejecutoras de seguridad alimentaria informen sobre los subsidios alimentarios recibidos durante 2024 y solicitó a la oficina local de la ONU que aclare si continúa vigente el Programa de Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre.
Paralelamente, en el fuero Contencioso Administrativo se tramitan otros planteos para que el Gobierno Nacional, específicamente el Ministerio de Capital Humano, "no discontinúe ni suspenda la entrega de alimentos secos a comedores comunitarios y/o merenderos, hasta que culmine la transición a la nueva modalidad de asistencia alimentaria".
Estos planteos buscan asegurar que no se interrumpa la distribución de alimentos establecida por la Ley 25.724, que crea el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, y garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía.
Asimismo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto con otras organizaciones y el Centro de Estudios Legales y Sociales, han solicitado una medida cautelar para que el Ministerio de Capital Humano asegure el derecho a la alimentación.
La decisión del juez Casanello marca un punto crítico en la lucha por la seguridad alimentaria en Argentina y refleja la creciente presión sobre el gobierno para que cumpla con sus obligaciones de asistencia social en medio de la crisis económica que enfrenta el país.
Fuente: Ámbito
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