El anuncio de la disolución de la AFIP.
El vocero presidencial Manuel Adorni comunicó la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que será reemplazada por la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).
Este cambio incluye la reducción de un 34% de los cargos públicos, con el despido de 3155 empleados que ingresaron entre 2020 y 2023.
Adorni explicó que la nueva estructura será más eficiente, con una reducción del 45% en las autoridades superiores y un 35% en los niveles inferiores.
La decisión, según el gobierno, responde a la necesidad de ajustar el gasto público y eliminar lo que consideran una "estructura desmedida".
Los sueldos jerárquicos en la AFIP, que alcanzaban hasta 30 millones de pesos mensuales, superaban incluso a los del presidente Javier Milei y miembros del gabinete, justificando una revisión salarial en la nueva agencia.
La reestructuración forma parte del plan del gobierno libertario para reducir la planta estatal y lograr un ahorro fiscal significativo. Además, Adorni subrayó que la AFIP había sido utilizada como "caja política" en gobiernos anteriores, imponiendo cargas y persecuciones indebidas a los contribuyentes.
Con la creación de ARCA, dos dependencias clave quedarán bajo su órbita: la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA).
Andrés Vázquez, un exfuncionario con experiencia en la AFIP, estará a cargo de la DGI, mientras que José Andrés Véliz, con más de 30 años en Aduanas, liderará la modernización del área aduanera.
El ajuste incluye también una revisión en los sueldos de los directores, que ya no cobrarán la "cuenta de jerarquización", un beneficio que incrementaba significativamente sus ingresos. Los nuevos sueldos se alinearán con los de ministros y secretarios de Estado.
La medida ha generado un fuerte debate. En redes sociales, el presidente Javier Milei celebró la decisión, despidiéndose de la AFIP con un mensaje irónico.
Sin embargo, el recorte de más de 3000 empleos y la magnitud del cambio en la estructura fiscal del país han despertado inquietudes sobre el impacto en la eficiencia de la recaudación y el control aduanero.
