Luego de casi un año de indefiniciones, el Senado de la Nación rechazó este jueves los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, propuestos por el presidente Javier Milei para ocupar dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia.
Con 51 votos en contra y solo 20 a favor, el pliego de García-Mansilla fue rechazado de forma contundente. El de Lijo también fue rechazado, aunque con menor margen: 43 votos negativos frente a 27 positivos y una abstención.
Esta decisión parlamentaria implica el cierre de una extensa disputa política e institucional que se arrastraba desde 2023, y representa la primera gran derrota legislativa del Gobierno libertario desde su asunción.
En un intento por evitar el quórum necesario para tratar los pliegos, el oficialismo, liderado en esta instancia por el asesor presidencial Santiago Caputo, buscó apoyo en sectores de la oposición dialoguista, particularmente en un sector del radicalismo.
Sin embargo, las negociaciones fracasaron y el tratamiento se llevó adelante, con un resultado adverso para el Ejecutivo.
El rechazo no solo impide la designación de nuevos jueces, sino que también deja en evidencia el aislamiento político del gobierno en el Senado, donde no cuenta con mayoría propia ni alianzas consolidadas.
Tras la votación, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que cuestionó con dureza la decisión del Senado.
Según el texto oficial, los rechazos se basaron en “intereses políticos” y no en la idoneidad de los candidatos. Además, se acusó a los legisladores de haber postergado deliberadamente la definición, anteponiendo “la preocupación por sus causas judiciales” a la necesidad de completar el máximo tribunal.
El comunicado también calificó al Senado como “refugio de la casta política” y lo acusó de “obstruir el futuro de la Nación”, en una línea discursiva que refuerza la narrativa confrontativa del oficialismo hacia el Congreso y los partidos tradicionales.
La negativa del Senado genera un vacío institucional en la Corte Suprema, que sigue operando con menos integrantes de los que establece la normativa.
Además, plantea interrogantes sobre los próximos pasos del Gobierno en materia judicial: ¿insistirá con nuevos candidatos? ¿Buscará consensos con la oposición o profundizará su estrategia de confrontación?
En el plano político, el episodio evidencia las dificultades que enfrenta Javier Milei para avanzar con su agenda institucional sin el respaldo del Congreso, lo que podría afectar otras iniciativas clave de su administración.
