Privatizaciones: el plan de Milei para transferir 129 empresas estatales al sector privado

El gobierno de Javier Milei ha avanzado en su agenda de privatización con un listado de 129 empresas en las que el Estado argentino tiene participación.

Con una visión que trasciende el simple proceso de transferencia al sector privado, el Ejecutivo busca aprovechar estas privatizaciones para compensar deudas con las provincias.

La iniciativa, liderada por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, representa un giro estratégico que pone en la mesa la posibilidad de que el Estado utilice sus activos como moneda de cambio en acuerdos con gobiernos provinciales.

Las empresas estatales en proceso de privatización

El análisis de privatización abarca a 62 empresas donde el Estado tiene participación mayoritaria, 59 en las que posee una participación minoritaria, y 8 empresas en proceso de liquidación.

Entre las compañías más relevantes que están bajo revisión se incluyen Aerolíneas Argentinas, la Administración General de Puertos, empresas ferroviarias, ARSAT, ENARSA, Casa de Moneda, los bancos Nación e Hipotecario, entre otros.

Esta decisión afecta a una amplia gama de sectores estratégicos como el transporte, las comunicaciones y los servicios básicos, donde el Estado ha tenido históricamente un rol activo.

Estrategias para privatizar y sanear las cuentas públicas

El criterio del gobierno para avanzar en las privatizaciones busca analizar el valor estratégico de cada una de estas empresas, determinando las vías más efectivas para que las actividades de cada empresa pasen al sector privado.

La intención es simplificar las cuentas públicas y reducir la carga fiscal sin utilizar fondos públicos, dado el complejo panorama económico que enfrenta el país.

Según el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, el objetivo principal es "ordenar las cuentas de Nación y de las provincias” mediante acuerdos que incluyen la transferencia de activos como pago de deudas.

Así, se plantean seis mecanismos específicos para llevar adelante este proceso de privatización y saneamiento fiscal:

1. Oferta pública inicial (IPO): Cotización en el mercado de valores para recaudar fondos.
2. Concesiones: Transferencia de la gestión mediante contratos de concesión, especialmente en sectores de servicios públicos e infraestructura.
3. Transformación: Venta de activos no esenciales y reorganización de las empresas.
4. Cesión: Transferencia de empresas nacionales a las provincias.
5. Cierre o liquidación: Disolución de compañías o fusión con otras entidades.
6. Socios estratégicos: Alianzas con el sector privado para mejorar la eficiencia.

Cada una de estas herramientas será evaluada en función de las particularidades de cada empresa y su capacidad de generar valor para el sector privado.

El rol de las provincias en el proceso de privatización

El gobierno planea aprovechar la descentralización de los activos estatales como medio para cubrir deudas de la Nación con las provincias, sin recurrir a fondos de efectivo.

Bajo este esquema, se prevé que activos como terrenos fiscales, rutas nacionales, e incluso la transferencia de empresas con operaciones en provincias específicas sean utilizados para equilibrar las deudas intergubernamentales.

Esta estrategia permitiría a las provincias concesionar o desarrollar infraestructura y generar ingresos.

Sin embargo, el objetivo de Milei no es que las empresas permanezcan bajo la administración provincial, sino que estos acuerdos impulsen la transición hacia la privatización, alejando la gestión del ámbito estatal.

“Con las privatizaciones se cerrará una fuente de ingresos de los políticos corruptos”, aseguran fuentes cercanas al presidente, haciendo eco de su promesa de reducir la influencia de la "casta política" en el manejo de los recursos estatales.

Privatización como medida contra la corrupción y el déficit fiscal

La visión de Milei va más allá de una privatización económica; su postura es una declaración política sobre la necesidad de limitar la injerencia estatal en las empresas.

Desde el entorno del mandatario sostienen que, aunque una empresa sea rentable, su permanencia en el sector público no garantiza eficiencia, y existe el riesgo de que vuelva a ser deficitaria bajo influencias políticas.

Así, el gobierno prioriza una política de privatización que responda tanto a razones económicas como a su agenda de lucha contra la corrupción.

¿Qué implicaciones puede tener esta estrategia?

Las decisiones en torno a estas privatizaciones están rodeadas de controversia. Por un lado, los sectores afines a la reducción del Estado ven esta estrategia como una oportunidad para disminuir el gasto público y fortalecer la inversión privada.

Por otro lado, los críticos destacan los riesgos de reducir el control estatal en áreas clave como la energía, el transporte y las telecomunicaciones, que podrían encarecerse o deteriorarse bajo la administración privada.

También se ha mencionado el impacto que podrían tener estas privatizaciones en los derechos laborales de quienes actualmente trabajan en empresas estatales.

Para algunos analistas, el plan de Milei podría significar un paso positivo hacia la eficiencia y el control del déficit fiscal, pero advierten que las condiciones de privatización deben incluir marcos de transparencia y control de calidad que protejan los intereses de los ciudadanos.