Tensión creciente entre el sector agropecuario y el Gobierno por las retenciones

El campo reclama medidas urgentes sobre los derechos de exportación, mientras el Gobierno sostiene que la reducción inmediata de las retenciones afectaría la recaudación fiscal y la meta de “déficit cero”. El Congreso, escenario clave en el conflicto

Argentina14 de noviembre de 2024
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Cruce entre un productor y Luis Caputo en redes sociales.

La relación entre el Gobierno de Javier Milei y el sector agropecuario ha escalado en tensión esta semana tras un intercambio en redes sociales entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y un productor rural.

La polémica se inició cuando un productor manifestó en X su frustración ante la falta de avances concretos en la eliminación de retenciones. Caputo respondió que eliminar los Derechos de Exportación (DEX) de inmediato afectaría las arcas del Estado y dificultaría el objetivo de alcanzar el "déficit cero".

Caputo y agropecuario

Este enfrentamiento, que refleja un conflicto de larga data, pone de manifiesto la brecha entre las demandas del sector agropecuario y las políticas fiscales del Gobierno.

Mientras los productores consideran las retenciones una carga insostenible que asfixia la rentabilidad y frena la expansión productiva, el Gobierno sostiene que la situación económica actual no permite una eliminación inmediata de estos tributos.

Este conflicto se profundiza en un contexto de bajo rendimiento para el sector, agravado por factores climáticos y económicos que afectan especialmente a las zonas más productivas del país.

Las demandas del campo y el papel de las entidades rurales

Con una Mesa de Enlace que ha mantenido un perfil bajo en esta coyuntura, las voces de reclamo provienen principalmente de entidades rurales de menor visibilidad, como CARTEZ.

Estas organizaciones han expresado su preocupación por la falta de avances, recordando al Gobierno las promesas de campaña de reducir la presión tributaria sobre el sector.

En un comunicado, CARTEZ afirmó que “las promesas de campaña no pueden quedar en el olvido”, y pidió “respeto a la propiedad privada y al fruto del trabajo de los productores agropecuarios”.

La presión del sector agropecuario no es solo por una cuestión de retórica política. Los productores señalan que las retenciones, en un contexto de costos crecientes y rentabilidad menguante, reducen sus márgenes a niveles insostenibles.

En algunas zonas, los costos de producción superan los ingresos, generando pérdidas y llevando a muchos productores al borde del quiebre.

La respuesta del Gobierno y la estrategia de Caputo

En una reciente entrevista radial, Luis Caputo intentó calmar las aguas, afirmando que la intención del Gobierno es reducir gradualmente las retenciones. Según Caputo, el plan es mejorar la situación macroeconómica para alcanzar un superávit fiscal que permita bajar la presión tributaria.

“El objetivo es bajar las retenciones”, declaró, argumentando que, aunque la administración está comprometida con la defensa de la propiedad privada y la mejora del clima de inversión, el contexto actual no permite una reducción inmediata.

Para Caputo, es fundamental estabilizar la economía y reducir el “impuesto inflacionario”, una de las principales fuentes de distorsión en la economía argentina. Asegura que una vez estabilizadas las cuentas fiscales, será posible trasladar esos beneficios a una menor carga impositiva para el sector agropecuario y otros rubros productivos.

La intervención del Congreso: un paso necesario para la reforma tributaria

Un aspecto clave de este conflicto es que la modificación o eliminación de los impuestos a la exportación requiere una intervención legislativa. Según la Constitución Nacional, cualquier cambio en la estructura impositiva debe ser aprobado por el Congreso.

Esto implica que el Gobierno no tiene la facultad de modificar los derechos de exportación sin un debate y aprobación en el ámbito legislativo, una realidad que Caputo ha destacado en sus recientes intervenciones.

Ante esta situación, tanto el sector agropecuario como el Gobierno parecen estar en una encrucijada: el campo reclama urgencia, mientras que el Gobierno prioriza la estabilidad fiscal a corto plazo.

Por otro lado, el Congreso parece ser el único espacio institucional en el que se podría llegar a una solución viable, aunque en la práctica se requiere de un contexto de superávit fiscal para que se considere una reducción de impuestos.

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