El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto 1023/2024, ha prorrogado hasta el 9 de julio de 2025 la emergencia en el sector energético.
Esta decisión amplía la vigencia del Decreto 55/2023, que originalmente estableció el marco para atender las dificultades en generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.
La medida busca asegurar la sostenibilidad de los servicios en un contexto de crisis estructural.
Según el texto oficial, resulta "indispensable y urgente" extender esta declaración para permitir que los órganos competentes adopten las decisiones necesarias.
Entre estas acciones, destaca garantizar inversiones que mantengan la calidad y continuidad del servicio.
El decreto incluye los siguientes puntos:
La entrada en vigencia de nuevos cuadros tarifarios derivados de revisiones técnicas se pospone hasta el 9 de julio de 2025. Esto otorga un margen para diseñar ajustes progresivos e incorporar mecanismos de participación ciudadana en los procesos de adecuación.
Continúa la intervención del ENRE y ENARGAS hasta que se formalice el funcionamiento del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, previsto por la Ley 27.742.
El decreto invita a las jurisdicciones provinciales a coordinar esfuerzos con la Secretaría de Energía, especialmente en la prestación de servicios eléctricos bajo su administración.
La normativa instruye a la Secretaría de Energía a priorizar la cobertura de inversiones y asegurar ingresos reales para operadores, en busca de condiciones técnicas y económicas óptimas para usuarios y prestadores.
Desde la implementación del Decreto 55/2023, el sector energético ha enfrentado desafíos significativos, entre ellos:
- Deterioro en la infraestructura de transporte y distribución.
- Retrasos en inversiones clave debido a restricciones presupuestarias.
- Escenario macroeconómico adverso, que limita la capacidad de los usuarios para absorber ajustes tarifarios inmediatos.
La extensión de la emergencia responde a la necesidad de consolidar soluciones estructurales sin poner en riesgo la prestación de servicios básicos.
El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y de los principales ministros del Gabinete, entre ellos Guillermo Francos y Luis Caputo. La medida representa un intento por unificar tiempos y objetivos, mientras el Gobierno busca equilibrar la balanza entre la sostenibilidad económica del sector y las necesidades de los usuarios.
A corto plazo, los principales desafíos serán:
- Definir un esquema tarifario progresivo que contemple ajustes reales.
- Implementar mecanismos de participación ciudadana efectivos en los procesos de revisión.
- Coordinar con provincias para fortalecer el sistema energético federal.
