El Gobierno nacional oficializó la conversión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima, dando origen a Carboeléctrica S.A., una nueva entidad que mantendrá participación estatal mayoritaria.
Asimismo, el Estado asumirá la deuda de la compañía, en el marco de una estrategia para optimizar su explotación y avanzar en una posible privatización parcial.
La medida quedó plasmada en el Decreto 115/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, publicado en el Boletín Oficial.
Según los considerandos del documento, la transformación busca mejorar la eficiencia operativa del complejo minero-carbonífero, ferroviario, portuario y energético, impulsando su desarrollo con una estructura societaria más flexible.
El decreto también faculta al jefe de Gabinete a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para cumplir con la nueva estructura y, si fuera requerido, efectuar aportes transitorios o de capital a la sociedad.
El Estado Nacional mantendrá el control mayoritario de Carboeléctrica S.A., con la siguiente distribución accionaria:
- 95% a través de la Secretaría de Energía
- 5% bajo la Secretaría de Minería, ambas dependientes del Ministerio de Economía
Además, todos los bienes muebles e inmuebles, activos, créditos, marcas, patentes y otros recursos de YCRT serán transferidos a la nueva entidad, junto con los recursos humanos necesarios para su operación.
El personal de YCRT pasará a regirse por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, garantizando la preservación de sus derechos adquiridos.
No obstante, se establece un plazo de 180 días para negociar un Convenio Colectivo de Trabajo que regule las nuevas condiciones laborales dentro de Carboeléctrica S.A.
Uno de los puntos clave del decreto es que el Ministerio de Economía asumirá los pasivos de la antigua YCRT, lo que implica que la deuda de la empresa quedará a cargo del Estado.
En paralelo, Carboeléctrica S.A. deberá presentar un presupuesto para el año 2025 en un plazo máximo de 60 días.
El decreto también declara que el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético de YCRT queda "sujeto a privatización", lo que abre la puerta a una futura incorporación de capital privado.
En este contexto, el Estado podrá desarrollar un programa de propiedad participada, permitiendo la participación de inversores, aunque conservando el control o la participación mayoritaria en la empresa.
