El veto a la ley de movilidad jubilatoria es oficial
Javier Milei oficializa el veto a la ley de movilidad jubilatoria, anulando la suba en los haberes aprobada por el Congreso.
El presidente argentino, Javier Milei, ha hecho oficial el veto a la ley de reforma jubilatoria, una medida que había sido aprobada recientemente por el Congreso y que contemplaba un aumento en los haberes jubilatorios.
Este lunes, el Boletín Oficial publicó el decreto 782/2024, mediante el cual el Ejecutivo dejó sin efecto la ley, desatando un intenso debate político y social.
El veto, firmado por Milei el pasado viernes, no fue una decisión apresurada. El mandatario se reunió en la Casa Rosada con representantes de bloques parlamentarios dialoguistas, incluidos el PRO, el MID y La Libertad Avanza (LLA), quienes le manifestaron su respaldo para proceder con la anulación de la ley.
Durante el encuentro, Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La ley de movilidad jubilatoria, que había sido aprobada por mayoría en ambas cámaras del Congreso, prometía una actualización en los haberes jubilatorios que muchos consideraban necesaria para enfrentar la inflación.
Sin embargo, Milei justificó el veto argumentando que las medidas contempladas en la reforma no eran sostenibles para las finanzas públicas y podrían poner en riesgo la estabilidad económica del país.
El presidente se aseguró de obtener los apoyos necesarios para que el veto sea irreversible, evitando que la oposición pueda reinstaurar la ley.
Fuentes oficiales señalaron que Milei expuso detalladamente las razones del veto a los jefes de bloque, logrando así garantizarse los dos tercios necesarios en ambas cámaras para evitar cualquier intento de restablecer la norma.
Este veto marca un punto de inflexión en la administración de Milei, consolidando su postura frente a las reformas impulsadas desde el Congreso.La decisión también ha generado una fuerte reacción entre sectores de la oposición y organizaciones sociales, que critican la medida por considerar que afecta a uno de los grupos más vulnerables de la población: los jubilados.
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