Como publicamos días atrás hay un fuerte malestar en el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe y en el Colegio de Abogados con el gobierno de Maximiliano Pullaro por las demoras en la cobertura de cargos públicos, tanto de jueces cómo de funcionarios judiciales y empleados.
A esto se suma que no se realizaron las coberturas de 48 vacantes en el Poder Judicial Santafesino, las que habían sido aprobadas al finalizar el gobierno de Omar Perotti.
Los colegios de magistrados y abogados expresaron en reiteradas oportunidades su preocupación por el impacto que estas dilaciones en la administración de justicia y las demoras que producen en dictados de sentencias y en la actividad judicial en general.
Una de las circunscripciones afectadas por estas demoras es la quinta, específicamente a la que pertenece Rafaela. A esto se le suma una nueva preocupación en el ámbito penal ya que a partir de octubre contará con una jueza menos.
Se anunció que la jueza de Investigación Penal Preparatoria de la Quinta Circunscripción Judicial, Dra. Cristina Fortunato, se retirará el próximo 1º de Octubre luego de 30 años de actividad en el Poder Judicial santafesino.
Fortunato lleva once años como jueza en lo Penal de primera instancia, pero antes se desempeñó durante 13 años como secretaria de Juzgado y durante 6 años como fiscal de instrucción, en el anterior sistema inquisitivo, donde la etapa de investigación de los delitos estaba a cargo de jueces de instrucción con fiscales que actuaban con facultades limitadas.
Esto abre un interrogante sobre cuánto se demorará en cubrir ese puesto cuando quede vacante con esta modalidad que tiene el Gobernador Pullaro de dilatar los procesos de nombramientos en el poder judicial, lo que se contradice con su discurso en el que asegura buscar una justicia más rápida y expeditiva.
También surge un dato llamativo con la jubilación de la doctora Fortunato y es que la quinta circunscripción se quedaría sin mujeres ocupando los cargos más altos en el ámbito de la justicia penal.
Y ya no habría diversidad de género en las decisiones que se tomen en la justicia penal ya que serían todos hombres los que dicten las sentencias de los casos sin opción de una mirada femenina en la impartición de justicia.
Lo cierto es que todo esto sigue generando malestar tanto en el colegio de abogados como en el de magistrados y con los propios abogados que tienen casos demorados además de los jueces y funcionarios que ganaron concursos y que no pueden ocupar sus cargos por decisión del gobierno provincial.
