El gobierno liderado por Javier Milei ha realizado importantes modificaciones a la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, enfocándose en la protección de datos privados y la redefinición de términos clave en la legislación.
A través del Decreto 780/2024, publicado en el Boletín Oficial, se han introducido cambios significativos que podrían alterar el acceso a la información en Argentina.
Uno de los cambios centrales es la reglamentación del artículo 1° de la Ley N° 27.275, que subraya el principio de "buena fe".
Según el decreto, cualquier violación a este principio, por parte de los actores involucrados en el proceso de acceso a la información, será tratada bajo el marco del artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Esta medida busca asegurar que todas las partes actúen de manera ética y responsable durante el manejo de la información pública.
Otro cambio destacado es la modificación del concepto de "información pública". Según la nueva reglamentación, no se considerará información pública aquella que contenga datos de carácter privado, generados o controlados por personas o entidades privadas, o que no estén relacionados con un interés público comprometido.
Este ajuste puede limitar significativamente el acceso a ciertos datos, anteriormente considerados públicos.
Además, la definición de "documento" también ha sido ajustada. Ahora, sólo se considerarán documentos públicos aquellos registros generados, controlados o custodiados en el marco de la actividad estatal.
Deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo y exámenes preliminares quedan excluidos de la definición de documento público, lo que podría reducir la cantidad de información accesible para el público.
El decreto también establece nuevos requisitos para quienes deseen solicitar acceso a la información.
Para personas físicas, será necesario proporcionar nombre completo, documento de identidad, domicilio y correo electrónico.
En el caso de personas jurídicas, deberán presentar la razón social, C.U.I.T., y la identificación del representante, junto con una copia del poder legal que acredite su condición.
La nueva reglamentación también amplía las excepciones al acceso a la información. Estas excepciones se aplicarán cuando la divulgación de la información pueda causar daños, comprometer investigaciones en curso o poner en riesgo a personas involucradas.
Sin embargo, se excluyen de estas excepciones los casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, donde la información deberá ser suministrada sin restricciones.
Finalmente, el Gobierno estableció una plataforma para la gestión del acceso a la información pública.
Esta plataforma permitirá registrar y agilizar las solicitudes, facilitando la respuesta a solicitudes recurrentes.
Además, la Agencia de Acceso a la Información Pública podrá monitorear y gestionar solicitudes reiterativas que puedan generar un uso abusivo del derecho de acceso a la información.
Con estas modificaciones, el gobierno de Milei refuerza su postura en cuanto a la protección de datos privados, al tiempo que redefine el alcance de la información pública en Argentina.
Estos cambios, sin duda, generarán debates sobre la transparencia y el equilibrio entre la privacidad y el derecho a la información.
