Momento de la votación.
En una sesión marcada por tensiones y un extenso debate, la Cámara de Diputados no alcanzó los dos tercios necesarios para revertir el veto del presidente Javier Milei sobre la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Con 153 votos a favor del proyecto, 87 en contra y 8 abstenciones, el oficialismo, junto con un sector de la UCR que cambió su postura inicial, lograron mantener el veto presidencial.
La oposición, que necesitaba 166 votos para insistir en la promulgación de la ley, se quedó a 13 votos de distancia, lo que permitió al Gobierno sostener su posición.
El debate fue seguido de cerca por manifestantes y agrupaciones sindicales que protestaban fuera del Congreso. A pesar de la presencia de un fuerte operativo de seguridad, las protestas no escalaron a incidentes graves y se dispersaron después de la votación.
La Ley de Movilidad Jubilatoria, aprobada por ambas cámaras semanas atrás, proponía una actualización de las jubilaciones basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un incremento adicional del 8,1% retroactivo a enero.
Además, la normativa contemplaba el pago de las deudas que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene con varias cajas previsionales provinciales no transferidas, incluidas las de Santa Fe y otras 12 jurisdicciones.
Desde que se debatió la ley, el presidente Milei había manifestado su intención de vetarla, argumentando que su implementación tendría un impacto fiscal del 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que afectaría negativamente el equilibrio fiscal, una de las bases fundamentales de su plan económico.
La sesión no solo expuso las divisiones dentro del Congreso, sino también las diferencias internas en la oposición, donde algunos sectores optaron por apoyar la medida del Ejecutivo.
La UCR, que en principio había respaldado la ley, cambió su postura, alineándose con el veto presidencial, lo que resultó clave para que el oficialismo lograra mantener la decisión de Milei.
Este resultado genera nuevas interrogantes sobre el futuro de la política previsional en el país, ya que la actualización de las jubilaciones y las deudas de ANSES con las cajas provinciales son temas de alta sensibilidad para millones de jubilados y las finanzas públicas.
