Planea facilitar la entrada de alimentos al país validando certificaciones internacionales y abre el debate sobre la Ley de Etiquetado Frontal para modificar sus advertencias.
Argentina26 de diciembre de 2024
Región Oeste
En una estrategia que apunta a reducir la burocracia y ampliar la oferta de productos en las góndolas, el Gobierno argentino trabaja en un conjunto de reformas normativas relacionadas con la importación de alimentos y la regulación del etiquetado frontal.
Estas medidas tienen como objetivos principales diversificar la oferta de alimentos y rediscutir las restricciones impuestas por los octógonos negros en los envases.
El proyecto incluye permitir la entrada directa de alimentos que ya cuenten con certificaciones internacionales, como las otorgadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Actualmente, productos importados deben cumplir con estrictos requisitos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), así como con verificaciones del Senasa y otros organismos.
La propuesta busca que las certificaciones de la OCDE sean suficientes para validar la seguridad y calidad de los alimentos, eliminando redundancias y acelerando los trámites.
Según el Gobierno, esto no solo reducirá costos para importadores y consumidores, sino que también minimizará prácticas burocráticas que pueden dar lugar a negociados y demoras injustificadas.
Desde la implementación de la Ley de Etiquetado Frontal en 2021, los alimentos envasados deben incluir advertencias sobre el exceso de nutrientes críticos como azúcar, sodio y grasas.
Si bien el objetivo es promover una alimentación más saludable, las autoridades reconocen que el sistema actual puede generar confusión al no diferenciar grados de exceso.
Un ejemplo destacado por los reguladores es el etiquetado del yogurt, que presenta el mismo octógono de “Exceso en azúcares” que productos como mermeladas y caramelos, a pesar de que el nivel de azúcar varía significativamente entre ellos.
La propuesta de revisión sugiere ajustar la ley para reflejar mejor las diferencias entre productos, incentivando elecciones informadas y saludables por parte de los consumidores.
Sin embargo, no se ha confirmado si estos cambios implicarán la eliminación de los octógonos o simplemente una reformulación de los criterios actuales.
La combinación de estas iniciativas promete mejorar la experiencia del consumidor en varios frentes.
Por un lado, más productos importados permitirían aumentar la competencia en precios y calidad, abordando las remarcaciones excesivas que han sido motivo de queja en los últimos años.
Por otro lado, un etiquetado más claro y preciso facilitaría decisiones de compra más conscientes y alineadas con los objetivos de salud pública.
Aunque las propuestas están en fase de borrador, el Gobierno considera utilizar decretos para implementarlas en el corto plazo, especialmente considerando el vencimiento de facultades legislativas delegadas en los próximos meses.
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