El Gobierno avanza en la privatización de Corredores Viales

El Gobierno nacional dio inicio al proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de gestionar las principales rutas del país.

La medida se formalizó con la publicación del decreto 97/2025 en el Boletín Oficial, sentando las bases para la transferencia de más de 9.000 kilómetros de carreteras al sector privado.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado que el Ejecutivo avanzaría con la concesión de estos corredores viales, los cuales concentran aproximadamente el 80% del tráfico nacional.

Según el decreto, el proceso se llevará a cabo bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley N° 17.520 y sus modificaciones.

Detalles del proceso de privatización

El Ministerio de Economía, con asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el organismo encargado de implementar las medidas necesarias para concretar la privatización. Entre las acciones clave a ejecutar se incluyen:

- La extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de los Tramos I a V, del Tramo VI y de los Tramos VII a X administrados por Corredores Viales S.A.

- La ejecución de procesos de selección para la adjudicación de nuevos contratos de concesión de obra pública sobre los corredores viales.

- La disolución y posterior liquidación de la empresa una vez adjudicados los contratos a las compañías seleccionadas.

Adorni explicó que, con este modelo, se espera fomentar el desarrollo de infraestructura vial mediante la inversión privada, que asumirá la responsabilidad de ejecutar las obras y gestionar los corredores a cambio del cobro de peajes a los usuarios.

El estado de las rutas y el impacto tarifario

Desde el Gobierno argumentan que el deterioro de la red vial se debe, en gran parte, al atraso tarifario. En este sentido, las nuevas concesionarias deberán definir tarifas que permitan sostener y mejorar la infraestructura.

“A comienzos de la gestión, el 45% de la red operada por Corredores Viales se encontraba en estado malo o crítico, con contratos de obra paralizados”, señaló Adorni.

Esto equivale a 3.402 kilómetros de rutas en condiciones deficientes.

Situación financiera de Corredores Viales

Según datos oficiales, la empresa registró un resultado económico negativo en 2023, con una deuda de $142.000 millones con proveedores y pérdidas acumuladas de $268.000 millones. Para sostener sus operaciones, recibió asistencia del Tesoro Nacional por un total de $301.000 millones.

Rutas administradas por Corredores Viales

A continuación, se detallan los 10 tramos actualmente operados por Corredores Viales S.A., con sus respectivas rutas, puntos de inicio y fin, y extensión en kilómetros:

Tramo I: RN 34 y RN 9 – Límite Santa Fe/Santiago del Estero (Km 398,00) hasta La Banda, Santiago del Estero (Km 725,11). Longitud: 327,11 km.

Tramo II: RN 188 – Pergamino (Km 73,88) hasta empalme con RN 7 (Km 163,89). Longitud: 90,01 km.

Tramo III: RN 12 y RN 16 – Empalme RN 123 (Km 871,15) hasta Posadas, Misiones (Km 1336,00). Longitud: 464,85 km.

Tramo IV: RN 8, RN 36 y A005 – Pilar (Km 56,99) hasta Villa Mercedes, San Luis (Km 722,95). Longitud: 665,96 km.

Tramo V: RN 19 y RN 34 – Empalme RN 1 Santo Tomé (Km 0,00) hasta Río Primero (Km 280,20). Longitud: 280,20 km.

Tramo VI: RN 9, RN 193, RN 34, A008 y A012 – Empalme RP ex RN A024 (Km 72,90) hasta Empalme RN A-008 (Km 287,42). Longitud: 214,52 km.

Tramo VII: RN 3, RN 226 y RN 205 – Fin Autopista Ezeiza-Cañuelas hasta intersección con RN 226. Longitud: 245,26 km.

Tramo VIII: RN 7 – Empalme Acceso Oeste Luján hasta límite Córdoba/San Luis. Longitud: 590,74 km.

Tramo IX: Acceso Riccheri y Ezeiza-Cañuelas – Av. Gral. Paz hasta Aeropuerto Ezeiza. Longitud: 13,86 km.

Tramo X: RN 5 – Eje calle Pascual Simone hasta empalme RN 35, Santa Rosa, La Pampa. Longitud: 538,65 km.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca atraer inversiones privadas para el mantenimiento y desarrollo de la red vial nacional, en un contexto de crisis financiera y deterioro de la infraestructura.

La implementación del nuevo esquema de concesión marcará un cambio en la gestión de las rutas, con un impacto directo en los usuarios y en la economía del sector.