El presidente Javier Milei decidió designar por decreto simple y en comisión al juez federal Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla como nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, se fundamenta en la falta de acuerdo en el Senado para aprobar los pliegos de los candidatos, lo que llevó al Ejecutivo a cuestionar el accionar de la Cámara Alta y a tomar esta determinación en pleno receso legislativo.
El Gobierno justificó el nombramiento en comisión de Lijo y García-Mansilla argumentando que la Corte Suprema no puede operar con normalidad con solo tres ministros.
Según la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo puede designar jueces en comisión cuando el Congreso está en receso, y sus cargos se extienden hasta el final del siguiente período legislativo.
El comunicado oficial sostuvo que “el Senado no realizó un análisis serio y objetivo” de los candidatos propuestos y acusó a la Cámara Alta de actuar por conveniencia política.
Además, remarcó que “el Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino”.
La nominación de Ariel Lijo ha sido ampliamente cuestionada por distintos sectores debido a sus presuntos vínculos políticos y su rol en Comodoro Py. Organismos judiciales y opositores han criticado la falta de transparencia en su postulación, señalando que su cercanía con el poder podría comprometer la independencia del máximo tribunal.
Por su parte, García-Mansilla, de perfil académico, ha generado menos resistencia, aunque su designación por decreto también ha sido objetada por constitucionalistas que consideran que este tipo de decisiones deberían contar con el aval del Senado.
El decreto de Milei podría derivar en una disputa judicial y política, ya que algunos expertos sostienen que la maniobra, si bien legal, contradice el espíritu del sistema de designaciones establecido en la Constitución.
El nombramiento en comisión de jueces de la Corte Suprema no es una práctica habitual y podría generar impugnaciones en los tribunales.
La oposición ya ha manifestado su rechazo, mientras que algunos juristas advierten sobre un posible conflicto institucional si la Corte Suprema misma decide pronunciarse sobre la validez de los nombramientos.
A medida que se acerca el inicio del período ordinario de sesiones en el Congreso, previsto para el 1 de marzo, el Gobierno deberá definir si insiste en la aprobación definitiva de los pliegos o si enfrenta el riesgo de que la medida sea revertida en el futuro.
Lo cierto es que la decisión de Milei abre un nuevo capítulo en la tensa relación entre el Ejecutivo y el Congreso, en un contexto en el que la disputa por el poder judicial se convierte en un eje central del debate político en Argentina.
