El Gobierno impulsa cobrar aranceles para extranjeros en universidades públicas
Se intentará reglamentar el cobro de aranceles a extranjeros no residentes en universidades públicas, en el marco de la reforma de la educación superior.
El Gobierno nacional está trabajando en una nueva normativa que permitiría a las universidades públicas cobrar aranceles a estudiantes extranjeros que no tengan residencia en el país.
Esta medida surge en medio de un conflicto presupuestario en el sector universitario, exacerbado por el reciente veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que garantizaba fondos para las instituciones de educación superior.
La iniciativa se presentaría formalmente a través del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y podría convertirse en ley si el Congreso la aprueba.
Actualmente, la Ley de Educación Superior (Ley Nº 24.521) prohíbe el cobro de cualquier tipo de arancel o tarifa a los estudiantes de grado en instituciones estatales, un principio que ha garantizado la gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros.
Sin embargo, el Gobierno argumenta que esta medida es necesaria para aliviar las tensiones presupuestarias y asegurar la sostenibilidad financiera del sistema universitario, en un contexto de creciente demanda.
Contexto del conflicto universitario
El conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas se profundizó tras el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que buscaba asegurar el presupuesto necesario para las casas de altos estudios en todo el país.
Este veto desató una serie de protestas, culminando en la Marcha Federal Universitaria, una movilización masiva en defensa de la educación pública y gratuita.
El veto también desencadenó una fuerte reacción de la oposición, que ha solicitado una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 9 de octubre, con el objetivo de rechazar la decisión presidencial.
Sin embargo, el oficialismo podría no contar con los votos necesarios para sostener el veto, lo que agrega incertidumbre al panorama político.
La propuesta del arancelamiento
La nueva normativa no solo permitiría que las universidades públicas cobren aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia en Argentina, sino que también introduciría cambios en la distribución del presupuesto universitario, vinculando los recursos a la cantidad de alumnos y egresados de cada institución.
El objetivo, según el Ejecutivo, es generar un sistema más equitativo y eficiente en la asignación de fondos, aunque críticos de la medida señalan que podría poner en riesgo la igualdad de acceso a la educación superior.
La propuesta de arancelar a los extranjeros había sido planteada previamente en la "Ley Bases", un proyecto de reforma que incluía cambios tanto en la educación obligatoria como en la superior.
Este plan, diseñado por los ministerios de Educación y de Modernización del Estado, fue presentado como una estrategia para modernizar el sistema educativo y adaptarlo a las necesidades fiscales actuales.
Sin embargo, esta iniciativa ha generado un amplio debate sobre el carácter inclusivo de la educación pública en Argentina, que históricamente ha sido un punto de orgullo nacional al ofrecer oportunidades de formación gratuita y de calidad, tanto para ciudadanos argentinos como para extranjeros.
Oposición y debate en el Congreso
El debate en torno al arancelamiento se anticipa como uno de los puntos más controversiales en el Congreso, dado que la actual legislación prohíbe cualquier tipo de cobro.
La eventual aprobación de esta medida implicaría modificar el artículo clave de la Ley Nº 24.521, que establece la gratuidad de los estudios de grado en las instituciones de gestión estatal.
En respuesta a estas propuestas, sectores de la oposición, especialmente desde la Unión Cívica Radical (UCR), han expresado su rechazo, argumentando que la implementación de aranceles va en contra del principio de educación como un derecho universal. Para los opositores, este tipo de medidas podrían restringir el acceso a la educación superior para sectores más vulnerables y atentar contra la tradición de inclusión que ha caracterizado a las universidades públicas argentinas.
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