Las sombras en el proceso judicial de Santa Fe: ¿transparencia o discrecionalidad política?

La reciente polémica en torno a las designaciones de jueces en Santa Fe pone de manifiesto un problema estructural en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El gobernador Maximiliano Pullaro, lejos de seguir las recomendaciones del Consejo de la Magistratura, ha decidido impulsar candidatos que no ocupan los primeros lugares en el orden de mérito, lo que desató un debate sobre la transparencia y el respeto a los concursos.

El punto de mayor conflicto se centró en la Cámara de Ejecución Penal, encargada de supervisar a los condenados en las prisiones más conflictivas de la provincia. Pullaro propuso a Valeria Haurigot, Horacio Pueyrredón y Mario Guedes, candidatos que, aunque aprobaron el concurso, quedaron en los puestos 8°, 9° y 12° del ranking del orden de mérito. Este hecho generó el malestar de sectores judiciales y políticos, quienes no tardaron en cuestionar la legitimidad del proceso. La crítica principal es clara: ¿por qué realizar concursos si el Ejecutivo ignora el orden de mérito?

Concursos amañados: una práctica sistemática.

El problema no radica únicamente en que Pullaro haya elegido candidatos que no lideraban el concurso, sino en la forma en que el gobierno justifica este movimiento. El ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, defendió la postura del Ejecutivo al asegurar que el concurso solo establece un "umbral técnico" que todos los candidatos deben superar. Según Cococcioni, la decisión final debe recaer en el Ejecutivo, quien tiene la potestad de elegir a los jueces con base en su perfil ideológico y en su alineación con las políticas gubernamentales. Esto plantea un problema ético fundamental: si el concurso se convierte en una mera formalidad, deja de ser un instrumento de transparencia y meritocracia para convertirse en una herramienta manipulable.

Aunque Pullaro pueda actuar con buenas intenciones al intentar garantizar orden en las cárceles, el uso discrecional de su poder para designar jueces plantea riesgos a largo plazo. Si en el futuro un gobierno cae bajo presiones o está en connivencia con el delito, podría manipular las designaciones para colocar jueces que respondan a sus intereses. Esto crearía un sistema judicial corrupto, desmantelando la independencia que debería caracterizarlo, y socavaría la justicia, facilitando la impunidad y afectando gravemente la seguridad institucional en la provincia.

¿No sería esa la verdadera intención? Si el poder de designación de jueces se usa de manera discrecional, abre la puerta a la posibilidad de que un futuro gobierno, sometido a presiones o con intereses oscuros, coloque magistrados a su favor. Esto permitiría manipular la justicia, favoreciendo la corrupción y el delito desde dentro del propio sistema judicial. Si los concursos realmente fueran transparentes, el Ejecutivo no necesitaría intervenir tan profundamente, lo que genera dudas sobre las verdaderas motivaciones detrás de estas designaciones.

La historia reciente de Santa Fe nos recuerda que este tipo de prácticas no son nuevas. Durante la década de 1990, el gobierno de Víctor Reviglio se vio obligado a instaurar el Consejo de la Magistratura luego de que varios jueces fueran acusados de actuar bajo la influencia política del gobierno anterior. El objetivo de esta medida era reducir la discrecionalidad en las designaciones judiciales y asegurar un proceso más justo y transparente. Sin embargo, las acciones de Pullaro parecen estar revirtiendo esos avances.

El costo de la discrecionalidad

La crítica más severa hacia Pullaro proviene de la oposición, liderada por el exministro de Gestión Pública, Marcos Corach. Desde su perspectiva, la designación de jueces por "dedazo" es un retorno a prácticas antidemocráticas que sacrifican la idoneidad técnica en favor de una alineación política. La exclusión de candidatos que ocuparon los primeros puestos en el concurso, como Mariela Sarrías, la primera en el orden de mérito, sugiere que el proceso no solo es injusto, sino también amañado.

El trasfondo de esta controversia radica en el rol que los jueces desempeñarán en la política penitenciaria. Pullaro y su equipo han sido explícitos en su deseo de nombrar a jueces que no obstaculicen sus decisiones respecto a las cárceles, un tema altamente sensible en la provincia, particularmente en Rosario, donde la violencia ligada al narcotráfico ha alcanzado niveles críticos. El argumento del gobierno es que los jueces deben respetar las políticas penitenciarias definidas por el Ejecutivo, evitando decisiones que afecten la gestión de las cárceles.

Sin embargo, este razonamiento es peligrosamente inconsistente. Si los concursos fueran verdaderamente transparentes y si los jueces fueran seleccionados por su capacidad técnica y no por su inclinación política, no habría necesidad de que el Ejecutivo interviniera en las designaciones. La conclusión lógica es que los concursos están amañados, diseñados para dar una apariencia de legitimidad, pero sin respetar los principios básicos de mérito y competencia.

Un camino que conduce al descrédito

Este nivel de discrecionalidad amenaza con desacreditar tanto al sistema judicial como al gobierno de Pullaro. La designación de jueces con mandatos vitalicios basada en preferencias políticas pone en riesgo la independencia judicial y socava la confianza en las instituciones. No es difícil imaginar un escenario en el que, con un cambio de gobierno, estas mismas prácticas se utilicen para promover a jueces con agendas políticas completamente opuestas, erosionando aún más el sistema judicial.

Por otro lado, desde el oficialismo, argumentan que no se trata de imponer jueces que compartan la ideología del gobierno, sino de asegurar que las decisiones judiciales no obstruyan las políticas penitenciarias. Sin embargo, este argumento es endeble, pues subordina la independencia judicial a los intereses del Ejecutivo.

Reflexión final: ¿Qué futuro espera a la justicia en Santa Fe?

El proceso de selección de jueces en Santa Fe bajo la gestión de Pullaro abre interrogantes sobre el futuro de la justicia en la provincia. Si bien el Ejecutivo tiene derecho a intervenir en las designaciones, debe tener cuidado en que se respete el orden de mérito y se priorice la idoneidad técnica y académica de los candidatos. De lo contrario, el sistema corre el riesgo de convertirse en un espacio de intercambio de favores políticos, donde la justicia queda relegada a un segundo plano.

Lo que está en juego no es solo la designación de tres jueces, sino el respeto a un sistema que debería funcionar como garante de la justicia, alejado de las influencias políticas. Los concursos deben ser un proceso de transparencia, y no un simple trámite para legitimar decisiones ya tomadas. Pullaro, al priorizar lo político sobre lo técnico, está jugando con la credibilidad del sistema judicial y, en última instancia, con el bienestar de los ciudadanos de Santa Fe.