El presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario, aprobada recientemente por ambas Cámaras del Congreso, en medio de una fuerte movilización a favor de la educación pública.
Esta es la segunda vez que el mandatario impugna una ley sancionada por el Poder Legislativo, siendo la primera la ley de movilidad jubilatoria.
La decisión se formalizó mediante el decreto 879/2024, que fue publicado en el Boletín Oficial, donde se comunicaba la devolución del proyecto al Congreso Nacional. Milei había adelantado que el veto era "total" a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), basando su decisión en la incompatibilidad del proyecto con el objetivo de déficit cero.
Este argumento se centra en que la ley no especifica cómo se financiaría el incremento en el presupuesto para las universidades nacionales.
La ley proponía ajustar el presupuesto universitario según la inflación, con retroactividad al 1° de diciembre del año anterior, y una actualización mensual para mantener los fondos destinados a las 60 universidades públicas del país.
Según el comunicado oficial de La Libertad Avanza, la administración considera que el proyecto es "irresponsable" porque incrementa el gasto público sin asegurar fuentes de financiación.
Desde la Casa Rosada, se reafirma la postura del Gobierno: "Es momento de que los legisladores entiendan que no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan impuestos".
La marcha a favor de la educación pública fue calificada como una "manifestación política" por el Ejecutivo, señalando que existe una convergencia de opositores, entre ellos Cristina Kirchner, Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta, cuyo objetivo sería obstruir el plan económico del presidente.
Aunque el proyecto fue aprobado con el respaldo de más de dos tercios del Senado, el Ejecutivo tardó tres semanas en emitir el veto, cerca del límite legal de diez días hábiles.
Fuentes del Gobierno indican que la demora fue estratégica, buscando minimizar la convocatoria de la marcha y evitar una escalada de tensión con los sectores críticos.
El oficialismo no cuenta con la certeza del apoyo necesario dentro del Congreso para sostener el veto, aunque confía en el trabajo del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, quien busca reunir apoyos entre los legisladores para impedir que la oposición alcance los dos tercios necesarios para rechazar el veto.
El rechazo de esta ley tiene un impacto profundo no solo en las universidades públicas, sino también en el clima político del país. Las universidades, que ya enfrentan dificultades financieras, consideran que este veto compromete aún más su funcionamiento.
Por otro lado, los estudiantes y docentes que participaron de la marcha denuncian la medida como un ataque a la educación pública.
En cuanto al debate político, el veto ha profundizado la polarización. Desde la oposición, se acusa al Gobierno de Milei de atentar contra uno de los pilares del desarrollo y la movilidad social, mientras que el oficialismo defiende su postura fiscalista como la única vía para estabilizar la economía argentina.
El futuro del financiamiento universitario queda en manos del Congreso, que deberá decidir si insiste en el proyecto o cede ante el veto presidencial.
Mientras tanto, las universidades continuarán con un presupuesto que, según los rectores, ya está desactualizado frente a la inflación, lo que podría llevar a una mayor precarización de los servicios educativos.
La discusión de fondo sigue siendo el equilibrio entre el gasto público y la inversión en áreas clave como la educación. En un contexto de crisis económica, este tipo de decisiones adquieren una gran relevancia y ponen en tensión las prioridades de gestión.
