El Gobierno argentino, bajo la gestión del presidente Javier Milei, ha decidido la disolución definitiva del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), sumando este cierre a otras recientes medidas de ajuste que incluyen la disolución de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) y la Casa de la Moneda.
Esta nueva decisión forma parte de una serie de políticas orientadas a reducir el tamaño del Estado y optimizar el uso de los recursos públicos.
El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) fue creado con la misión de planificar, gestionar y ejecutar proyectos de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país.
Sus funciones incluían la supervisión de la calidad del agua potable y el control del servicio de saneamiento, lo cual era esencial para asegurar el acceso a estos recursos fundamentales para la población.
Sin embargo, tras la reestructuración estatal impulsada por el nuevo Gobierno, el ente será disuelto.
De acuerdo con las autoridades, uno de los principales motivos que impulsó esta decisión fue la falta de control adecuado sobre los gastos que realizaba el ENOHSA. Desde la visión del Gobierno, el ente operaba de forma paralela a los mecanismos de control del presupuesto nacional, lo que generaba un gasto ineficiente de los recursos públicos.
Bajo la premisa de una gestión más austera y transparente, la administración de Milei ha optado por desmantelar este organismo.
A diferencia de otros cierres, como el de Trenes Argentinos Capital Humano, la clausura de ENOHSA no implica, al menos por ahora, la pérdida de puestos de trabajo.
Según fuentes oficiales, el Gobierno planea reubicar a los empleados en otras dependencias o empresas públicas, lo que alivia el impacto social de la medida.
La disolución del ENOHSA plantea importantes interrogantes sobre cómo se gestionarán a partir de ahora las obras de infraestructura hídrica y la provisión de servicios de saneamiento en Argentina.
Estas tareas son fundamentales para garantizar el acceso a agua potable de calidad, un derecho esencial para la salud y el bienestar de la población.
Se espera que otras instituciones o mecanismos del Estado asuman estas responsabilidades, aunque aún no se ha especificado cómo se reorganizarán las tareas que desempeñaba este ente.
Esto genera preocupación entre los especialistas en el sector, quienes temen que la ausencia de una entidad dedicada exclusivamente a la gestión hídrica pueda retrasar la ejecución de obras clave o comprometer la calidad de los servicios.
