Las definiciones sobre el futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se quedaron sin resolución luego de que el Consejo Directivo suspendiera su reunión tras más de 12 horas sin alcanzar un consenso.
El motivo del encuentro era debatir el plan de “modernización” impulsado por el gobierno de Javier Milei, que contempla la venta de terrenos y edificios emblemáticos, así como el despido de 227 trabajadores. Sin embargo, las profundas divisiones entre los miembros del Consejo hicieron imposible la votación.
La reunión, realizada en la sede central del INTA, inició con tensiones entre los 10 integrantes del Consejo Directivo. Según trascendió, se llegó a ciertos acuerdos preliminares sobre la venta de tierras, pero el debate se tornó irreconciliable al abordar el despido del personal, generando un quiebre entre los representantes.
Mario Romero, secretario general de Apinta —el gremio que representa a los trabajadores del INTA—, expresó que la propuesta gubernamental carece de solidez y planificación. "No presentaron un plan serio, solo ideas lanzadas al aire", afirmó Romero. Además, destacó que ni los despidos ni las ventas fueron aprobados, dejando en suspenso el futuro del organismo.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Apinta organizaron movilizaciones frente a la sede del INTA para expresar su rechazo al plan oficial. La protesta incluyó críticas al ajuste institucional y la preocupación por la pérdida de puestos de trabajo en un sector clave para la investigación y el desarrollo agropecuario.
Hasta 65 profesionales, responsables de las Estaciones Experimentales y los Institutos de Investigación del INTA, manifestaron su rechazo a los despidos mediante una carta dirigida al Consejo Directivo Nacional.
En el documento, subrayaron la importancia del trabajo realizado por el organismo, destacando su impacto en la producción agropecuaria del país y el desarrollo de tecnología aplicada.
