Con el voto del oficialismo y la abstención del bloque peronista, la Legislatura de Santa Fe aprobó la ley que prohíbe la designación de familiares en cargos públicos por derecho hereditario.
La medida busca garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo estatal.
La norma, conocida como "Ley anti cargos hereditarios", fue sancionada el jueves 27 de febrero en el Senado santafesino, completando así el trámite legislativo iniciado en la Cámara de Diputados.
La iniciativa prohíbe que ciertos cargos dentro del sector público provincial sean reservados para familiares de empleados estatales, una práctica que históricamente ha favorecido el nepotismo.
El texto de la ley ya había recibido media sanción en Diputados y fue aprobado sin modificaciones por la Cámara alta. Durante la sesión, el oficialismo utilizó su mayoría para respaldar la medida, mientras que los senadores peronistas optaron por abstenerse, aunque acompañaron el tratamiento sobre tablas.
El objetivo principal de la ley es erradicar cualquier forma de nepotismo y favoritismo en las designaciones estatales, asegurando que el acceso a los cargos públicos se base en el mérito y no en lazos familiares.
"Este es un mensaje claro para los santafesinos, que reclaman el fin de ciertos privilegios que atentan contra el mérito, el esfuerzo y la eficiencia en el Estado", expresó una diputada durante el debate en la Cámara baja en octubre de 2020, cuando se otorgó la media sanción.
Uno de los puntos clave de la ley es la modificación de ciertos convenios colectivos de trabajo que establecían derechos de contratación preferencial para familiares de empleados públicos.
Un caso emblemático es el de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), donde hasta ahora algunos cargos eran reservados exclusivamente para descendientes de trabajadores.
Con esta sanción, Santa Fe se suma a otras provincias que han impulsado medidas similares para fortalecer la transparencia en el sector público.
La ley representa un paso hacia una administración más equitativa y eficiente, en la que las designaciones se realicen en función de la capacidad y no del parentesco.
Su implementación marcará un cambio en la cultura política provincial, promoviendo un sistema de empleo público más justo y acorde con los principios constitucionales de igualdad de oportunidades.
