El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar interina que suspende la transformación del Banco de la Nación Argentina en una Sociedad Anónima (SA), decretada recientemente por el presidente Javier Milei.
La resolución judicial ordena al Estado y a la entidad bancaria abstenerse de realizar cualquier acción tendiente a la implementación de la disposición, al menos hasta que se resuelva el fondo del litigio.
La causa tiene origen en un expediente iniciado el año pasado contra una eventual privatización del Banco Nación. En su fallo, Ramos Padilla argumentó que la modificación de la estructura jurídica del banco excede las facultades del Poder Ejecutivo, ya que el Congreso es el único órgano con potestad para alterar su estatus.
“El Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica cuya creación compete al Congreso Nacional. Por lo tanto, es este el único Poder que tiene la facultad de revocar dicho carácter”, sostuvo el magistrado.
Asimismo, el juez subrayó que la Ley Bases, aprobada recientemente por el Congreso, excluyó expresamente al Banco Nación del listado de empresas sujetas a privatización, por lo que cualquier intento de modificar su naturaleza jurídica podría ser interpretado como un avance hacia su eventual venta.
Si bien el gobierno sostiene que el decreto 116/2025 no declara explícitamente la privatización del Banco Nación, Ramos Padilla advirtió que su transformación en Sociedad Anónima podría ser un paso previo en esa dirección, ya que abriría la posibilidad de incorporar capitales privados.
El magistrado otorgó al Poder Ejecutivo un plazo de cinco días para presentar sus argumentos en contra de la demanda. Posteriormente, el juez deberá decidir si confirma la suspensión del decreto o permite su implementación.
Por otro lado, el gobierno de Milei puede apelar la medida ante la Cámara Federal, lo que abriría un nuevo frente judicial en medio del debate por la privatización de empresas estatales.
La disputa en torno al Banco Nación se suma a la creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en un contexto donde el gobierno impulsa fuertes reformas estructurales y enfrenta resistencia en distintos sectores.
